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| Los megaproyectos mal gestionados pueden provocar graves problemas |
Gubidxa Guerrero
[Texto publicado en Enfoque Diario el miércoles 29/Mar/2017]
Este sábado 25 de marzo acompañé a un grupo de estudiantes y profesores a la montaña de Guiengola, que significa en lengua zapoteca Piedra Grande. La excursión fue organizada por la Escuela Secundaria General “Benito Juárez García” del bello puerto de Salina Cruz.
En las faldas de la fortaleza prehispánica hice ver a los alumnos la importancia estratégica de la planicie costera del Istmo de Tehuantepec. Comenté que distintos grupos humanos han deseado apoderarse de las riquezas naturales de la región, así como aprovecharse de su ubicación geográfica envidiable. Situación que no ha cambiado. Y es que, así como se modifican las necesidades humanas, cambian los recursos aprovechables.
Durante la época colonial, y el primer siglo del México independiente, las salinas costeras fueron fuente de riqueza por la que compitieron —llegando al enfrentamiento bélico— distintos actores políticos y sociales. Hoy, una de las principales ventajas de nuestra región se encuentra en sus fuertes vientos.
Lo que para algunas personas pudo constituir una gran incomodidad, ahora es perfectamente aprovechable gracias a los aerogeneradores eléctricos.
Los grandes “ventiladores” (como suelen decirle popularmente) que se levantan majestuosos en Juchitán, Ixtaltepec, Santo Domingo Ingenio, El Espinal, Unión Hidalgo y algunas otras poblaciones istmeñas, producen la energía tan necesaria en el mundo moderno.
Pero las cosas nunca pueden ser sencillas. ¿Quiénes pueden producirla?, ¿quiénes comprarla?, ¿quiénes beneficiarse de su uso?, ¿quiénes rentar las tierras donde se instalan los parques eólicos?... son interrogantes que propician lamentables conflictos.
Y es que en nuestras comunidades zapotecas existen varias concepciones del uso de suelo. Mientras que para algunos el derecho colectivo predomina sobre el individual, para otros la propiedad privada debe ser considerada sagrada, así como las ganancias aparejadas.
Si a eso sumamos las afectaciones que suelen provocar ciertos megaproyectos, el asunto se complica, debido a que algunos sectores sociales se consideran con el legítimo derecho de reclamar compensación por perjuicios de iniciativas en las que apenas resultan beneficiados.
Además de las riquezas naturales, la belicosidad de nuestros paisanos ha sido otra de las características de nuestra peculiar región. Más de uno está dispuesto a alzar la voz cuando considera que se está procediendo indebidamente. Todo lo anterior ha sido caldo de cultivo para que en el Istmo de Tehuantepec se sucedan los conflictos.
El más reciente se está viviendo en las inmediaciones de Dani Igú, que se traduce del diidxazá como “Cerro del Camote’, mismo que delimita los terrenos comunales de Juchitán y la Villa de San Blas Atempa.
Año con año, por el mes de noviembre se encaminan cientos de juchitecos en procesión religiosa, como parte del ciclo de festividades que culmina en la Vela Igú y en una alegre Regada de Frutas durante el mes de mayo. Se recorren caminos de tierra desde la cabecera hasta el pie del cerro, donde reposan varias cruces de madera, símbolo de la sacralidad del lugar.
Del cerro que es visitado anualmente también se extrae material pétreo para grandes obras de ingeniería. Recientemente se ha sobreexplotado dicho recurso, especialmente por la ampliación de la carretera que conducirá de Juchitán y Tehuantepec al aeropuerto del Istmo, que actualmente funciona como Base Aérea Militar número 02.
Pero también —al menos eso se comenta— la piedra que es explotada en el cerro se utiliza para la construcción de una subestación eléctrica que complementará el parque eólico ubicado en terrenos gestionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que fueron donados hace décadas por Ixtaltepec, Comitancillo, San Blas y Juchitán para la habilitación del referido aeropuerto militar.
Ante lo anterior, decenas de campesinos de San Blas Atempa que habitan varios asentamientos cercanos han impedido los trabajos, pues consideran que afecta directamente su propiedad colectiva. Ello ha provocado represalias por políticos locales, movidos por ciertos intereses.
El lunes, según comunicado de organizaciones populares, fueron detenidos Juan López López, Juan Jarquín López, José Luis López y David Hernández, por órdenes de Augusto Acevedo, presidente municipal de San Blas Atempa. Ello provocó la movilización de los pueblos de Puente Madera y Rancho Llano, que exigieron la excarcelación de los detenidos.
Este es un claro ejemplo de una pésima gestión. Y es posible que el asunto escale a niveles inesperados e indeseados, en caso de que no se atienda correctamente.
