Por Gubidxa Guerrero Luis
Un día antes de la clausura de fin de cursos, la profesora le dijo a mi hijo, y luego le confirmó a mi esposa por mensaje de voz, que si el niño no llevaba zapatos negros no podría participar en el acto protocolario. Tenía dos semanas ensayando el poema del homenaje. Tenía uniforme completo y corte de cabello reglamentario. No le faltaba nada, salvo el color exacto del calzado.
Como padres, aceptamos la exigencia sin discutir. No quisimos crear controversia ni afectar el ambiente de la escuela. Esa mañana, el niño fue de todos modos a entregar unos papeles y un regalo para su maestra, y luego se quedó en casa mientras sus compañeros participaban en la clausura del ciclo escolar. Se entristeció, aunque lo tomó "bien". Anoche me disculpé con él por no haber hecho más.
Lo escribo no porque sea el agravio más grave que puede sufrir una familia nahua en el Alto Balsas, sino porque es el más fácil de negar. Nadie va a admitir que discriminó a un niño. Van a decir que "son las reglas", que "así se acordó", que "hay que enseñarles disciplina". Pero ninguna norma de la Secretaría de Educación Pública condiciona el homenaje a un símbolo patrio al color del calzado. Eso no es reglamento: es un criterio estético convertido, sin que se diga en voz alta, en filtro socioeconómico o de clase. Y es más preocupante porque fue aplicado por una profesora en una escuela primaria que se anuncia bilingüe náhuatl-español pero que ese día no tuvo lugar para él.
La pregunta no es qué le pasó a mi hijo. Es qué le pasa, sin que nadie lo escriba, a los niños de familias que no tienen manera de contradecir.
En el Hospital Regional de Xalitla, Guerrero, los médicos no hablan náhuatl. Atienden a muchas personas monolingües de comunidades vecinas que no entienden lo que se les explica sobre su propio cuerpo. Hace años, a unos padres de familia con un hijo de nombre náhuatl un médico les preguntó, con tono de burla, por qué le habían llamado así, y sugirió que mejor le pusieran "uno normal o más bonito". No fue una broma inocente. Fue la misma lógica de siempre: lo indígena como sinónimo de lo feo, lo español o lo extranjero como sinónimo de lo digno.
Un hospital público, sostenido con impuestos que también paga la gente del Alto Balsas, no puede seguir operando como si atendiera a gente de otro país. La atención en la lengua materna del paciente no es un lujo ni una cortesía: es, para quien no domina el español, la diferencia entre entender un diagnóstico y firmar un consentimiento a ciegas.
A esa falta de trato se suma otra queja recurrente entre las familias de la región: el desabasto de medicamentos en la farmacia del Hospital, incluidos antídotos contra el veneno de alacrán que las autoridades surten periódicamente. No tenemos pruebas de a qué se deba. Pero cuando la misma queja se repite año tras año sin que nadie la explique, lo mínimo que se puede pedir es una respuesta clara: qué pasa con el medicamento que llega y por qué tan seguido no está disponible cuando se necesita.
La tercera institución es, quizás, la que más contradicción concentra. En la parroquia católica de Xalitla se impide, con pretextos diversos, que muchos niños del pueblo sean bautizados. Las familias deben viajar a Chilpancingo, a Iguala u otras poblaciones para la ceremonia, aunque la fiesta se celebre aquí. Hay niños del pueblo que hoy siguen sin bautizarse por esa razón, mientras sus padres toman las pláticas prebautismales fuera de la comunidad.
Y sin embargo, es el propio pueblo quien sostiene ese templo. Existe entre nosotros el cargo de Mayordomo y de Serviciales, quienes dan su tiempo, su trabajo y sus recursos al mantenimiento de la iglesia, sin que eso garantice que sus propios familiares puedan recibir ahí el agua bautismal. El argumento que se escucha es que "las señoras de la iglesia son estrictas". Pero el derecho canónico no avala esa arbitrariedad: el canon 843 establece que los ministros de culto no pueden negar los sacramentos a quien los pide de modo oportuno, está debidamente dispuesto y no tiene ningún impedimento legal para recibirlos. No dice "salvo que un grupo de feligresas decida lo contrario". Si el problema fuera canónico, no habría bautizos posibles en ninguna parroquia. El problema no es la ley de la Iglesia: es la voluntad de quien la administra.
Estas tres instituciones —la escuela, el hospital, la parroquia— no operan por sí solas. Existen porque la comunidad las sostiene: con impuestos, con trabajo comunitario, con la confianza de generaciones. Sus funcionarios (maestros, personal de salud y párrocos) son, en distinto grado, servidores públicos o servidores de instituciones que viven del pueblo al que se deben. No son dueños de Xalitla. Están de paso, con la obligación de tratarnos con la dignidad que su función exige.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo segundo, reconoce a los pueblos originarios el derecho a preservar y enriquecer su lengua y su cultura, así como a acceder a la jurisdicción del Estado sin ser discriminados por su origen o condición. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obliga a los servicios de salud a considerar las condiciones económicas, geográficas y culturales de los pueblos indígenas. Ninguno de esos marcos se está cumpliendo aquí, y no por falta de ley: por falta de voluntad.
No escribo esto para señalar a personas concretas, sino para nombrar un patrón que muchas familias del Alto Balsas reconocerán, y que pocos se atreven a poner por escrito.
Si a una familia con cierto nivel de estudios, con capacidad de hablar de tú a tú con cualquier institución, le pasa esto sin que nadie lo cuestione, ¿qué le espera a las personas que no tienen esa misma posibilidad?
Xalitla se rige por Usos y Costumbres, con una Asamblea General de Ciudadanos como máximo órgano de decisión. Ahí, y no en el silencio de cada familia por separado, es donde este asunto tiene que exponerse: con nombres de instituciones, sin necesidad de señalar personas, exhortando a la escuela, al hospital y a la parroquia a corregir prácticas que ninguna ley ampara y que no debemos seguir normalizando.
Merecemos servidores que sirvan, no que decidan a su antojo quién entra y quién se queda afuera. Merecemos que nuestros hijos entiendan que su lengua, su nombre y su origen no son un obstáculo que sortear, sino una herencia que se defiende. Merecemos, después de siglos de resistir, no tener que seguir explicando por qué la dignidad no debería ser negociable.
Para Gusibí y Oselotl Guerrero Ramos.
Xalitla | Sábado 22 de agosto de 2026
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Texto publicado el sábado 22 de agosto de 2026 en el perfil personal del autor en Facebook. Se autoriza su reproducción siempre que se cite al autor. Enlace: https://www.facebook.com/share/p/18p7iRx8Vp/