Gubidxa Guerrero
Hablar del tema es hasta engorroso. Los bloqueos carreteros se han vuelto tan cotidianos que muchos habitantes terminaron por resignarse. “Nada puede hacerse”, dicen unos; “el gobierno es cómplice al no sancionar a los líderes”, señalan otros. Y entre las pugnas políticas de ciertos gremios con las autoridades, hay una víctima primordial: la ciudadanía.
Ante el desánimo debe prevalecer la denuncia. Los cierres viales como medio de presión han perdido efectividad pues no son legítimos. Pero, ¿y el derecho a la manifestación? La Constitución lo protege; así como protege el derecho a la protesta y a la denuncia contra los malos funcionarios. Pero un derecho no se ejerce violando otros; por ello, la misma Constitución señala los mecanismos para efectuar una queja social.
Hay muchas maneras para mostrar cierta inconformidad: desde organizar una reunión popular en alguna plaza pública, utilizar medios de comunicación para hacer saber la molestia, hasta denunciar algún tipo de abuso en las instancias jurídicas correspondientes. Pero violar el derecho de personas inocentes para hacer valer el propio es, además de ilegítimo, ilegal, ya que viola varias garantías individuales.
Nadie puede exigir el cumplimiento de una prerrogativa lastimando descaradamente las de los demás. Pero la culpa no es únicamente de los pseudolíderes, que han hecho de éste, el método más fácil de presionar o chantajear. La responsabilidad también concierne a las autoridades que ignoran las justas demandas ciudadanas y no brindan los medios para la oportuna denuncia. También son culpables en tanto que se niegan a procesar a ciertos dirigentes por estar coludidos con ellos en sus intereses mezquinos.
