Opinión: Se firma la Ley General de Víctimas



Por Gubidxa Guerrero 

[Texto publicado en Enfoque Diario, el lunes 7/Ene/2013]

El sexenio anterior estuvo marcado por la parca. Más de 60 mil muertos (80 mil, o inclusive 100 mil, anuncian otras fuentes) se contabilizaron en seis años como resultado de la violencia desmedida desatada a lo largo y ancho del territorio nacional.
     En 2012, el Congreso de la Unión pudo ponerse de acuerdo para elaborar una Ley General de Víctimas. Fue votada por todos los partidos políticos; pero cuando tenía que ser promulgada, el Presidente de la República la rechazó. Inició entonces un diferendo entre el Legislativo y el Ejecutivo, que mantuvo congelada la reglamentación para atender y proteger a las víctimas de este país. 
     Felipe Calderón Hinojosa argüía razones de peso para negarse a publicarla, argumentando que carecía de los instrumentos debidos para su correcta aplicación, y que era preferible hacerle los ajustes necesarios para evitar que fuese letra muerta. Terminó el sexenio antes que su voluntad fuera cumplida.
     Enrique Peña Nieto asumió como compromiso de Gobierno promulgar lo que el panista no quiso. Nada costaba al exgobernador mexiquense organizar un acto protocolario para plasmar la rúbrica que daría nacimiento formal a los artículos por el que tantos se afanaron. Para ello invitó nada menos que a Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, víctima misma de la violencia en México.
     Ayer miércoles llegó el día, y la Ley General de Víctimas vio oficialmente la luz. El mandatario dijo que, como consecuencia de esta nueva reglamentación, se crearán instancias como el Sistema Nacional de Víctimas. De este modo, según él, la ley tendrá una mejor aplicación. Peña Nieto también dijo: “Asistimos al inicio de un modelo jurídico innovador que pone a la persona, su dignidad y sus derechos en el centro de la atención del Estado”.
     Muchos aplausos granjeará este acto, al inquilino de Los Pinos. Tal vez, encarrerado como está, se anime a promulgar los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal hace dieciséis años (a lo que, cabe decir, se negaron tres administraciones distintas: una del PRI y dos del PAN). Después de todo, así lo recomendó el Gobernador priísta del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, hace unos cuantos días.
     Y vuelvo a reiterar: “prometer no empobrece”.