Por Gubidxa Guerrero Luis
El miércoles 23 de septiembre de 2026, Juchitán amaneció con una noticia que pocos creyeron al principio: el presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, Miguel Quetu, había sido detenido. Lo capturaron mientras se desplazaba por la ciudad que gobierna, en un operativo conjunto de la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch. Con él cayó Carlos Alberto “N”, alias La Parca. La acusación: extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. La autoridad los vincula con Los Cromos, célula señalada como brazo del CJNG en el Istmo de Tehuantepec, dedicada al cobro de piso, el narcomenudeo, el tráfico de personas y el homicidio.
La policía municipal intentó impedir su traslado a la capital del país. No lo logró. Quetu fue llevado en avión, custodiado por fuerzas federales y elementos de la Marina. Su grupo político, el Equipo EMP (en alusión a su máximo dirigente, Emilio Montero Pérez, hoy director del IEEPO), organizó bloqueos, quemó llantas y convocó a movilizarse. La protesta se desactivó pronto, quizá por órdenes superiores. Por la tarde-noche todo quedó en una rueda de prensa de la madre, la esposa y la hermana del detenido. Casi al mismo tiempo, en un mitin improvisado frente a la iglesia de San Vicente Ferrer, algunos dirigentes locales pidieron respaldo al gobernador Salomón Jara Cruz y le recordaron los votos que Juchitán le dio en la revocación de mandato de enero. También le recordaron a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo electoral que Quetu y el Equipo EMP le han brindado, y le pidieron esclarecer los hechos.
La respuesta llegó por otro lado. El gobernador declaró que no habrá impunidad para ningún funcionario y, con ello, dejó solo a su otrora aliado, con quien solía reunirse en sus visitas al Istmo. La bancada de Morena en el Congreso local publicó un desplegado, firmado por todos sus integrantes, respaldando a las fuerzas federales. El partido hizo lo mismo. Salvo el Cabildo de Juchitán, del que poco se sabe, todos los órdenes de gobierno soltaron a Miguel Quetu.
Más allá de hacer leña del árbol caído, me interesa el fenómeno. Nadie ignora la cercanía de Quetu con Emilio Montero, ni la de Montero con el gobernador. Pero esa cadena de favores, que alcanzó para ganar elecciones, no fue suficiente para un blindaje. Y la descomposición de Juchitán era evidente: los asesinatos de alto impacto se sucedían semana a semana.
Desde 2018, cuando el grupo de Emilio Montero llegó a la presidencia municipal, se cuentan por cientos los homicidios en esta ciudad zapoteca. Montero se reeligió, después se trasladó a la capital del estado para dirigir el IEEPO y dejó a Quetu como sustituto. Miguel ganó la alcaldía en 2024 y asumió formalmente el 1 de enero de 2025. Dos años al frente no amainaron la violencia. Crecieron la extorsión, los robos y los asesinatos, ante el clamor impotente de una ciudadanía que responsabiliza, por acción u omisión, a los funcionarios morenistas. En el Ayuntamiento aseguran que también son víctimas de extorsión, pero han publicado fotografías con personajes vinculados a supuestos líderes delictivos, y eso genera dudas.
En abril mataron a David López Valdivieso, sobrino del secretario de Gobierno Jesús Romero, apenas días después de presentarse el llamado Pacto por la Paz. Antes habían asesinado a Rosty Bazendu, activista y músico urbano, y a una joven que vendía hamburguesas por no pagar piso. Hace pocas semanas fue el turno de Kalusha, conocido tatuador. La lista es mucho más larga.
Según el gobernador, “el vaso que derramó el agua” (sic) fue el ataque armado contra la vivienda del poeta Elvis Guerra, integrante de la comunidad muxe’, cuyo taller de bordado participó en la confección del atuendo que la presidenta lució la noche del Grito, el 15 de septiembre. Elvis hizo públicas las amenazas y pidió protección para sí y para Juchitán. Poco después mataron a un joven en la Primera Sección, señalado como uno de los autores materiales del ataque. Algunas voces dijeron que aquello, más que justicia, fue encubrimiento: para que no “soltara la sopa” y señalara a sus jefes inmediatos.
Ayer una parte de Juchitán celebró la detención y otra la lamentó. El golpe fue espectacular. Muchos de quienes presumían cercanía con el edil han borrado u ocultado en redes sus fotografías con él. El silencio de otros es revelador. Pero mientras esto no se traduzca en una baja real de los principales delitos, la gente no podrá decir si la estrategia funcionó.
Hoy los reflectores están en Juchitán. En semanas recientes también han estado en la capital del estado, donde la Fiscalía desarticula la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), vinculada con el asesinato del periodista Alejandro Leyva, ocurrido en julio en plena Guelaguetza.
El Corredor Interoceánico, los parques eólicos, la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y el paso de migrantes dificultan una lectura objetiva. Lo que sí parece claro es la enseñanza: los votos sirven para ganar una elección, no para comprar inmunidad. La protección política dura mientras sostener al aliado cueste menos que soltarlo. El Estado, que durante años ignoró cientos de muertos, actuó cuando la presidenta dijo “basta”. Si eso es cierto, el mensaje es duro: o los gobernantes dan resultados tangibles y enfrían la entidad, o podrían ser los próximos en viajar en avión especial.
_____
Texto publicado el jueves 24 de septiembre en Tinta Brava. Se autoriza su reproducción siempre que se cite al autor. Enlace: https://www.facebook.com/share/p/19Pgky3Q1V/