Gubidxa Guerrero
[Texto publicado en Enfoque Diario, el viernes 1/Feb/2013]
Jonathan Davis, Presidente del Consejo de Administración de Mareña Renovables, anunció ayer el retiro de la empresa del Istmo de Tehuantepec. Según la noticia que circuló en varios medios, la falta de garantías jurídicas para efectuar una inversión multimillonaria en San Dionisio del Mar, propicia la salida.
En conferencia de prensa mencionó que “la tolerancia de la compañía se agotó”. Sin embargo, la salida no es definitiva, sino más bien parece un golpe de mesa ante la inoperancia del Gobierno del Estado.
Para los empresarios que representan los intereses de grupos transnacionales como Femsa y Mitsubishi, la oposición al proyecto por parte de un sector de la población es la principal causa de esta decisión.
Este conflicto tomó relevancia nacional, sobre todo por la intervención de organizaciones sociales como UCIZONI (Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo). Para Mareña Renovables, la inversión podría mantenerse únicamente si en Oaxaca “se aplica la ley”, es decir, si se procede contra las personas y organizaciones opositoras.
El parque eólico que pretende construir Mareña en terrenos comunales de San Dionisio, costaría más de mil millones de pesos, y dejaría ganancias netas para el pueblo, de aproximadamente veinte millones anuales. Sin embargo, el detalle estriba en que los beneficios para la empresa sería mucho mayor: de varios cientos millones de pesos al año.
Algunas personas que se oponen a la construcción lisa y llana, han llamado a la reflexión. No sólo se trata de demonizar una inversión que muy probablemente sea necesaria, sino que los acuerdos sean equitativamente benéficos. Las empresas traen el dinero (del que mayor parte proviene de préstamos), pero las comunidades son dueñas ancestrales de la tierra. Dos verdades insoslayables, de las cuales pudiera surgir una mancuerna positiva.
El Gobierno del Estado de Oaxaca tiene una misión que cumplir como garante de los derechos de los pueblos, más que de los empresarios “amigos”. Después de todo, el dinero de sus funcionarios resulta de los impuestos que pagamos los ciudadanos.
Detrás de todo este asunto hay muchos intereses, políticos y económicos, encontrados. Ojalá, por el bien del desarrollo sustentable y de los mismos pueblos, se llegue a un acuerdo benéfico para todos. Es posible.