Por Gubidxa Guerrero Luis
Ante la violencia que hoy enluta a Juchitán de Zaragoza, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, optó por una explicación que no explica nada: el pueblo juchiteco es "rebelde" desde siempre, así que "hay que tener cuidado". Y frente a la decisión de los deudos de levantar ellos mismos los cuerpos de sus muertos sin esperar a la Fiscalía —por los altos cobros de las funerarias para la entrega final— remató con una frase que ya se ha vuelto titular: "Juchitán se cuece aparte".
Para sostener su argumento evocó el pasaje de Félix "El Chato" Díaz y el San Vicente Ferrer; mencionó de pasada la mala relación de Juchitán con Benito Juárez, y cerró con un dato sobre el tamal de iguana que se vende frente al Ejército en el mercado.
El problema no es que el gobernador conozca la historia. El problema es cómo la usa. Convertir episodios de represión estatal en anécdotas de folclor rebelde, para saltar a una advertencia sobre el carácter del pueblo, es exactamente el mecanismo por el cual un gobierno se exime de responsabilidad ante la violencia actual: si Juchitán "es así", entonces lo que le pasa ya no es asunto de política pública, sino de temperamento colectivo. Es un desplazamiento de responsabilidad disfrazado de erudición histórica, que conviene aclarar.
La historia que el gobernador cita ocurrió, pero no como sugiere. En septiembre de 1870, los juchitecos se levantaron en armas bajo el mando de Albino Jiménez, Binu Gada, en defensa de sus recursos naturales y de su autonomía política frente a las imposiciones del gobierno estatal. La respuesta de Félix Díaz, gobernador de Oaxaca y hermano de Porfirio, fue incendiar la población a finales de diciembre de ese año, fusilar a varios de sus líderes, entre ellos al coronel Máximo Pineda (héroe de la Batalla del 5 de septiembre de 1866), y no tener piedad ni con ancianos ni con niños.
Para humillar al pueblo en el símbolo mismo de su identidad comunitaria, Díaz entró a caballo al templo, mandó bajar a San Vicente Ferrer de su nicho, lo amarró a la bestia y lo arrastró por las calles. Se dice que le cortó los pies porque no cupo en la caja donde se lo llevó.
Un año después, cuando Binu Gada recuperó Juchitán en el contexto del Plan de la Noria, Félix Díaz fue capturado cerca de Pochutla y entregado a quienes más lo odiaban. Murió arrastrado por el campamento mientras lo increpaban con la frase: "Acuérdate de San Vicente". Fue así, no por capricho ni por ferocidad gratuita, como Juchitán se quedó sin su santo durante casi un siglo, hasta que la comunidad logró recuperarlo en 1964.
Contar solamente el desenlace —el castigo que el pueblo aplicó— y omitir que ese castigo fue una respuesta a un incendio, a fusilamientos y a la profanación deliberada de lo más sagrado de la comunidad, no es hacer historia: es seleccionar del pasado únicamente lo que conviene para justificar el presente. Si Juchitán ha sido "rebelde", lo ha sido siempre como respuesta, no como origen.
Jara Cruz también mencionó, casi al margen, que "no fue fácil la relación de Benito Juárez con los juchitecos". Vale la pena decir con precisión de qué se trataba esa "mala relación".
El 19 de mayo de 1850, bajo el gobierno de Benito Juárez García, la Guardia Nacional incendió Juchitán. El motivo central de la rebelión fue la defensa de las salinas, recurso ancestral que el gobierno estatal pretendía entregar a particulares. Los juchitecos, encabezados por José Gregorio Meléndez, Che Gorio Melendre, sostenían un derecho de naturaleza: "el que coge y disfruta lo que es suyo no lo hurta". La respuesta oficial fue el fuego y la muerte.
Periódicos de la época se preguntaban por qué se castigaba con tanto rigor a mujeres, niños y ancianos de Juchitán mientras se perdonaba a otros. La "legalidad" que se esgrimía era la de quienes escribían las leyes, no la de quienes las sufrían.
Reducir esto a que Juchitán "no tuvo buena relación" con el Benemérito es, en el mejor de los casos, un eufemismo; en el peor, una manera de blanquear un episodio de violencia de Estado bajo la apariencia de una anécdota regional.
Juchitán es la tierra de Francisco Toledo, de Gabriel López Chiñas, de Macario Matus; de una cultura que ha resistido siglos de intentos de homogeneización sin perder su lengua, su organización comunitaria ni su memoria. Que se haya levantado en armas en numerosas ocasiones —contra Juárez, contra los franceses, contra Félix Díaz, contra el despojo de sus salinas— no habla de un pueblo violento por naturaleza: habla de un pueblo que ha defendido derechos que le eran negados por gobiernos que rara vez actuaron de buena fe.
Que un funcionario zapoteca use ese mismo pasado, despojado de sus causas, para insinuar que la violencia actual es parte del carácter del pueblo y no una falla de la política de seguridad del Estado que él encabeza, es no solo un desacierto de comunicación; es una renuncia a la responsabilidad que le corresponde y, de paso, repite contra su propio pueblo el mismo gesto que históricamente han usado quienes gobernaron el Istmo desde fuera: culpar a la víctima de su propia herida.
Quien gobierna para todos no necesita advertir sobre el temperamento de un pueblo. Necesita explicar por qué, en pleno siglo XXI, los juchitecos siguen sintiendo que deben resolver por sí mismos lo que la autoridad no resuelve. Necesita, sobre todo, actuar con la memoria y la dignidad que su cargo exige, y no repetir los mismos gestos de menosprecio que han marcado la relación entre el poder central y los pueblos originarios durante cientos de años.
Juchitán merece respeto, no estigmas. Merece justicia, no excusas. Merece ser gobernado con la misma dignidad con la que sus hijos han defendido su tierra durante siglos.
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Texto publicado el martes 18 de agosto de 2016 en el perfil personal del autor en Facebook, así como en Tinta Brava. Publicado el miércoles 19 de agosto de 2026 en Cortamortaja. Se autoriza su reproducción siempre que se cite al autor.
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