Por Gubidxa Guerrero Luis
Francisco Alejandro Leyva Aguilar ya no está. Un hombre que se ganaba la vida con la palabra, con la investigación, con el oficio de contar lo que otros quieren ocultar, fue silenciado a balazos en pleno mes festivo, el mes de la Guelaguetza. No importa con qué partido simpatizara, por quién haya votado o en qué medios hubiese trabajado. Lo que importa es que era un ser humano, un comunicador, un padre de familia, un ciudadano que ejercía un derecho constitucional: el de informar.
Matar a un periodista no es matar a un adversario político. Es matar la voz de todos. Es dejar ciego a un pueblo que necesita saber qué pasa en sus calles, en sus gobiernos, en su vida cotidiana. Cuando se asesina a quien denuncia, se asesina también la posibilidad de que los demás denuncien. Y eso, lejos de fortalecer a un gobierno, lo corrompe. Lo hace sospechoso. Lo aisla de la verdad.
Hoy, en Oaxaca y en buena parte del país, muchos colegas —analistas, reporteros, columnistas, locutores de radios comunitarias— hemos optado por callar por supervivencia. La autocensura no es una elección libre: es la respuesta lógica de quien ve que denunciar amenazas no garantiza protección, y que el crimen contra un periodista pasa, en demasiados casos, sin justicia. En México, 9 de cada 10 asesinatos de periodistas quedan en la impunidad, según organismos como Artículo 19. Ese silencio forzado no es neutral: daña a la democracia, empobrece el debate público y deja a la sociedad sin defensas contra el abuso.
Por eso, este mensaje no es para culpar a nadie. Es para recordar algo que debería ser obvio: en un país donde se mata al que informa, nadie está seguro. Ni los que aplauden al gobierno de turno, ni quienes lo critican. La violencia contra comunicadores no respeta colores. Tarde o temprano, afecta a todos.
Llamamos al Gobierno Federal a asumir con urgencia la salvaguarda de periodistas y medios de comunicación en todo el territorio nacional. No bastan los lamentos. Se necesitan investigaciones que lleguen a los mandos superiores, mecanismos de protección que funcionen antes del crimen, no después, y un mensaje claro de que en México no se tolera a quienes usan la muerte para imponer narrativas.
Exigimos también que la Fiscalía Especial para Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) intervenga de manera eficaz e inmediata en el caso de Alejandro Leyva y que se fortalezca su capacidad operativa para perseguir a los autores intelectuales, además de los materiales.
Alejandro Leyva merece justicia. Los periodistas que hoy tienen miedo merecen garantías. Y la sociedad mexicana merece saber que informar no es un delito capital. Que la palabra jamás sea motivo de muerte.
_____
Texto publicado el lunes 27 de julio de 2026 en Tinta Brava, el martes 28 de julio en Cortamortaja. Enlaces: https://www.facebook.com/share/p/14jAPhtK2YS/, https://www.facebook.com/share/p/197AUqdrb4/