Por Gubidxa Guerrero Luis
Los Pueblos Nahuas del Alto Balsas llevamos siglos resistiendo. Resistimos la Conquista, el Virreinato, las guerras del siglo XIX y la Revolución. Resistimos el olvido institucional, la pobreza y la violencia. Y seguimos aquí, con nuestro idioma, nuestras instituciones, nuestra dignidad y nuestro Ueyiatl ('Gran Río', también llamado Balsas y Mezcala).
Hoy enfrentamos un reto distinto. Más que resistir, construir. De pasar a la propuesta. De exigir no solo respeto, sino reconocimiento jurídico y político a lo que ya somos: un Pueblo con historia, territorio, lengua e instituciones propias.
La creación del Municipio Indígena Nahua del Alto Balsas es esa oportunidad. Una que no se presenta dos veces. Y como toda oportunidad, viene acompañada de riesgos y de decisiones que habrá que tomar con claridad, con unidad y con memoria.
Este texto pretende compartir información, reflexionar en voz alta y recordar algo que a veces olvidamos: que los modelos que nuestros antepasados desarrollaron, y que nosotros seguimos practicando, tienen una profundidad histórica y una validez teórica que ningún político partidista o funcionario debería desestimar.
Somos herederos de una de las tradiciones de autogobierno más antiguas y sofisticadas del mundo. Conviene recordarlo.
También conviene mirar hacia adentro. Porque el municipio que queremos construir no parte de cero. Parte de una dinámica que ya existe, que ya funciona, que ha tenido luchas y victorias relevantes.
La organización a nivel de comunidades no es nueva. Es tradicional y añeja y ha contado con distintos nombres, según ha sido el momento histórico.
Por ejemplo, el 5 de septiembre de 2021, doce comunidades nahuas del Alto Balsas nos reunimos en Xalitla y firmamos un acta que es, en rigor, un acto de fundación. Nació Nauasentlaliskalpan Ueyiatl: la Unión del Pueblo Naua del Alto Balsas. Se creó con nuestras autoridades tradicionales, conforme a nuestros Usos y Costumbres, y con un fundamento jurídico sólido que abarca desde la Constitución mexicana hasta el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas.
Ese documento es una de las demostraciones de que las comunidades del Alto Balsas somos capaces de organizarnos, deliberar y tomar acuerdos colectivos vinculantes, sin necesidad de que ninguna instancia externa nos diga cómo hacerlo.
La Unión del Pueblo Nahua ya tiene, en embrión, los elementos de un gobierno municipal:
Tiene una Asamblea de Comunidades como órgano supremo de decisión, donde cada pueblo cuenta con voz y voto equivalente, sin importar su tamaño. Tiene autoridades tradicionales elegidas por nuestras propias comunidades, con legitimidad interna y funciones claras. Tiene una Guardia Comunitaria Tradicional que garantiza la seguridad regional de manera coordinada. Y tiene un principio de rotación y alternancia que impide la concentración del poder en una sola persona o comunidad.
Cada uno de estos elementos tiene siglos de historia en nuestra región. Por ejemplo, la diarquía de Xalitla y los demás pueblos hermanos es una institución que distribuye el poder entre dos autoridades que se alternan, se equilibran y se complementan. No hay un jefe: hay dos portavoces o comisarios al servicio del pueblo.
Ese modelo no es improvisación. Es sabiduría antigua. Y es, precisamente, el punto de partida para pensar el municipio que queremos.
La pregunta no es si somos capaces de gobernarnos. La historia demuestra que lo somos. La pregunta es cómo trasladamos lo que ya funciona en cada comunidad a una escala mayor, sin perder lo esencial: la horizontalidad, la representatividad y el servicio desinteresado.
Cuando hablamos de autogobierno, de asambleas ciudadanas, de autoridades rotativas y sin remuneración, de poder distribuido, no estamos hablando de ideas raras. Estamos hablando de principios que sociedades muy admiradas de la historia universal desarrollaron, practicaron y defendieron con convicción.
Conviene recordarlo, porque alguien podría verse tentado a decir que el modelo que proponemos es "inviable", "primitivo" o "contrario a la ley". No es ninguna de las tres cosas. Es, por el contrario, profundamente civilizado.
En el siglo V antes de nuestra era, la ciudad de Atenas desarrolló un sistema de gobierno que sigue siendo referencia obligada en cualquier discusión sobre democracia. Su órgano supremo era la Ekklesia, la Asamblea del pueblo, a la que todo ciudadano tenía derecho a asistir, hablar y votar. Las decisiones más importantes, desde la guerra hasta la administración de los recursos públicos, pasaban por ese cuerpo colectivo.
Atenas también contaba con la Boulé, un consejo de quinientos ciudadanos elegidos por sorteo, que preparaba los asuntos que se discutirían en la Asamblea. Era, en la práctica, un órgano ejecutivo acotado, subordinado siempre a la voluntad colectiva.
El principio era claro: ningún individuo debía concentrar poder por demasiado tiempo. Por eso los cargos eran rotativos, breves y, en muchos casos, sorteados. El poder pertenecía al pueblo, no a sus representantes.
¿No es eso, exactamente, lo que nuestras comunidades han practicado durante siglos?
La Roma republicana, por su parte, desarrolló un modelo ejecutivo que también merece atención. En lugar de un rey o un solo gobernante, la República tenía dos cónsules elegidos anualmente, con poderes equivalentes y capacidad de vetarse mutuamente. Ninguno podía actuar sin el conocimiento del otro. El cargo duraba un año y no tenía remuneración económica directa: era un honor y una responsabilidad, no un negocio.
Este modelo tiene un eco directo en el sistema de Primer y Segundo Comisario que practicamos en las comunidades del Alto Balsas. La alternancia, el equilibrio dual, el servicio sin sueldo: Roma lo llamó consulado. Nosotros lo llamamos Usos y Costumbres o Sistemas Normativos Internos.
La maestra Miriam Morales Sanhueza lo señaló con precisión: Roma comenzó a corromperse cuando el poder se alejó de su comunidad de origen, cuando los cónsules que gobernaban territorios lejanos dejaron de rendir cuentas a quienes los habían elegido. La lección es clara y aplicable: el poder funciona cuando está cerca de la gente que lo otorga.
Pero no se trata de ver nada más a Grecia o Roma. Nuestra propia tradición ofrece un modelo igualmente sofisticado. El altépetl, unidad política fundamental de nuestros pueblos nahuas prehispánicos, era una entidad territorial y comunitaria compuesta por varios calpuli ('barrio', 'caserío', 'pueblo'), cada cual con su propia representación, sus propias tierras e identidad. El poder no residía en una sola persona sino en el equilibrio entre las partes.
La estructura del altépetl era, en muchos casos, dual o cuatripartita: distintos grupos alternaban en el ejercicio de la autoridad, garantizando que ninguno acumulara poder indefinidamente. Es el mismo principio que opera hoy en Xalitla, en Ameyaltepec, en Ahuehuepan, en San Juan Tetelcingo y en cada comunidad que firmó el acta de Nauasentlaliskalpan Ueyiatl.
La Conquista española interrumpió pero no destruyó esa lógica. El cabildo colonial, heredero a su vez del municipio romano, se superpuso al altépetl pero no lo desapareció. En muchas comunidades de México, esa estructura profunda sobrevivió, se transformó y sigue operando. Nuestras comunidades del Alto Balsas son prueba viva de esa continuidad.
Atenas, Roma y el altépetl nahua son tres geografías, tradiciones y épocas distintas. Y sin embargo, manejan principios similares: la asamblea como órgano soberano, la autoridad como servicio y no como privilegio, la rotación como garantía contra la corrupción, el equilibrio dual o colectivo como freno al abuso.
No estamos inventando nada. Estamos recordando.
Conviene advertir que sería ingenuo presentar el proyecto del Municipio del Alto Balsas solo como una oportunidad sin señalar también los riesgos. La historia, precisamente, nos enseña que las mejores instituciones pueden corromperse si no se les cuida. Y las debilidades de un buen gobierno no siempre vienen de afuera.
El primer riesgo es reproducir, a escala propia, el mismo problema que hoy padecemos. Actualmente, nuestras comunidades del Alto Balsas pertenecen a distintos municipios donde ninguna es cabecera. Somos localidades subordinadas. Recibimos menos atención, menos recursos y menos respeto del que merecemos.
Si el nuevo municipio se organiza de manera convencional, con una cabecera que concentre la administración, el presupuesto y la autoridad, habremos cambiado de nombre sin cambiar de condición. Las comunidades que no sean cabecera volverán a ser, en los hechos, pueblos sujetos. Solo que ahora sujetos a uno de los nuestros.
Ese sería el peor resultado posible: haber luchado por la autonomía para reproducir la desigualdad que criticamos.
El segundo riesgo viene de quienes, con argumentos que suenan razonables, propondrán adoptar el modelo municipal convencional: presidente municipal, síndico, regidores, planillas, partidos políticos. Dirán que es lo que marca la ley, que es lo más práctico, que es lo que todos hacen.
Habrá que responderles con claridad: la ley reconoce expresamente nuestro derecho a decidir nuestras formas internas de organización. La Constitución mexicana, la Constitución de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas lo establecen expresamente. No estamos obligados a copiar un modelo que ha demostrado, en incontables ocasiones, que favorece la división, el clientelismo y la corrupción.
El modelo partidista introduce una lógica ajena a nuestra cultura: la competencia entre grupos que buscan el poder para beneficio propio, no el servicio a la comunidad. Esa lógica ha fracturado pueblos enteros. Lo hemos visto. Lo hemos vivido. No necesitamos repetir la experiencia.
El tercer riesgo es más sutil pero igualmente peligroso. Roma comenzó a corromperse cuando sus gobernantes se alejaron físicamente de quienes los habían elegido. La distancia debilita la rendición de cuentas y fortalece el abuso. Un municipio que centralice sus oficinas, su administración y su presupuesto en un solo lugar, por más bien intencionado que sea, tenderá con el tiempo a alejarse de las comunidades más remotas. La burocracia crece, los viajes se vuelven costosos, las asambleas disminuyen. La indiferencia aparece.
Por tanto, no basta con elegir buenas personas. Hay que diseñar instituciones que hagan difícil el abuso, independientemente de quién las ocupe.
También existe un riesgo particular: el de ceder a la urgencia y tomar decisiones importantes sin el consenso suficiente. La creación de un municipio es un proceso que debe construirse con paciencia, con consulta amplia y con acuerdos sólidos. Un municipio fundado en el conflicto o la división interna nacerá débil y será fácil de manipular.
La unidad no significa unanimidad en todo. Significa acuerdo en lo fundamental: en los principios, en el modelo, en el compromiso de respetar la voluntad de la Asamblea por encima de los intereses particulares.
No proponemos aquí un reglamento ni un estatuto. Eso corresponde decidirse en Asambleas, con los procedimientos y tiempos necesarios. Lo que sí podemos ofrecer son principios orientadores, derivados tanto de nuestra tradición como de la experiencia histórica universal.
El poder máximo del municipio debe residir en nuestra Asamblea de Comunidades o de Pueblos, tal como ocurre de manera tradicional. Cada comunidad, independientemente de su tamaño, debe tener voz y voto equivalente. Las decisiones más importantes, desde el presupuesto hasta los acuerdos con instancias externas, deben pasar por ese cuerpo colectivo.
Este principio tiene un nombre en la tradición griega: isonomía, igualdad ante la ley. Y tiene un equivalente en nuestra propia historia: el acuerdo de la Asamblea como expresión de la voluntad del pueblo.
Para la gestión cotidiana, el municipio necesitará de autoridades ejecutivas que puedan actuar con agilidad. Pero ese ejecutivo debe ser acotado, dual y rotativo, siguiendo la lógica que ya practicamos en nuestras comunidades.
Dual, porque dos autoridades se equilibran mutuamente y evitan la concentración del poder en una sola persona. Rotativo, porque ninguna comunidad debe monopolizar la representación ejecutiva del municipio por más tiempo del período correspondiente. Acotado, porque sus facultades deben estar claramente definidas y subordinadas siempre a la Asamblea.
Pero hay un requisito adicional, tan importante como los anteriores: quienes aspiren a representarnos en el ejecutivo municipal deben haber cumplido previamente con todos sus cargos en su comunidad de origen. Así como nadie puede ser Comisario, Tlatouani o Portavoz sin haber servido antes en los cargos menores, nadie debería poder representar al conjunto de nuestros pueblos sin haber demostrado primero su compromiso y su capacidad de servicio en su propia comunidad. La autoridad municipal no puede ser el primer escalón: debe ser la culminación de una trayectoria de servicio comprobado.
Este principio tiene raíces profundas en nuestra tradición y también en la historia universal. En Roma, la cursus honorum era precisamente eso: una carrera de cargos obligatorios y sucesivos que todo ciudadano debía recorrer antes de aspirar a las magistraturas más altas. No era un trámite burocrático, sino una garantía de que quien gobernaba había aprendido a servir. Podría abordarse la regla de que el Segundo Presidente Municipal pertenezca a una comunidad distinta del Primero, para que en la siguiente administración cuente con más experiencia y pueda ocupar el cargo de Primer Presidente o Presidenta. Y así sucesivamente, siempre y cuando las Asambleas ratifiquen la elección.
Para evitar la trampa de la cabecera dominante, la sede administrativa de nuestro municipio podría ser rotativa entre las comunidades participantes, o bien distribuida funcionalmente: distintas áreas de gestión con base en distintas localidades. Esto garantiza que ningún pueblo se convierta en el centro que absorbe recursos y atención a costa de los demás.
Es un modelo inusual en el México contemporáneo, pero no sin precedente: en nuestra propia tradición nahua, las asambleas rotaban entre comunidades precisamente para reafirmar el carácter equitativo de todas las partes, como establece el acta de la Unión del Pueblo Naua del Alto Balsas firmada en 2021.
El cargo como servicio, no como empleo, es uno de los principios más sólidos de nuestra tradición y uno de los más eficaces contra la corrupción. Quien busca el cargo para enriquecerse no encontrará incentivo en un sistema donde la autoridad implica trabajo, dedicación y responsabilidad sin salario.
Esto no significa que nuestras autoridades deban empobrecerse por servir. La comunidad puede y debe compensar de otras maneras: con apoyo en sus actividades (viáticos), con reconocimiento social, con la garantía de que su familia no quedará desatendida durante su servicio. Eso también es nuestra tradición.
Finalmente, cualquier autoridad de nuestro municipio debe rendir cuentas de manera regular y transparente ante la Asamblea de Comunidades. La rendición de cuentas fortalece el vínculo comunitario.
Con estas letras pretendo recordar quiénes somos y de lo que somos capaces. Somos herederos del altépetl nahua, una forma de organización política sofisticada que permitió la gestión de entidades mucho más grandes y complejas, como Teotihuacan, Xochicalco o la misma Tenochtitlan. Somos contemporáneos de los principios que Atenas y Roma desarrollaron y que continúan siendo referencia universal. Y somos, sobre todo, el pueblo que periódicamente se reúne para hablar en náhuatl y en español, y tomar acuerdos sobre distintas tareas, lo que constituye en sí mismo una declaración de existencia y de voluntad colectiva intercomunitaria.
El Municipio del Alto Balsas es un derecho que nos asiste, reconocido por la Constitución mexicana, por el derecho internacional y por cinco siglos de resistencia ininterrumpida.
Habrá quienes digan que no es posible, que el modelo que proponemos es demasiado complejo, que mejor adoptemos lo que ya existe. Habrá personas dentro y fuera de nuestras comunidades que intentarán convencernos de que el camino convencional es el único camino. Seamos prudentes. Solicitémosles que nos expliquen por qué tendríamos que renunciar a lo nuestro.
La pregunta central no es si sabemos administrarnos. Lo hemos demostrado históricamente, como lo recordara Don Belisario Domínguez al afirmar que los pueblos originarios jamás dejamos de ejercer la democracia, aun en tiempos de dictadura. La pregunta es si tendremos la unidad necesaria para construir algo nuevo, algo propio, algo que pueda servir de ejemplo no solo a otras comunidades indígenas sino a cualquier pueblo de México que sueñe con un gobierno más justo, más cercano y más honesto.
Los antepasados que establecieron la Asamblea como órgano soberano, que instituyeron el cargo como servicio y no como negocio, nos dejaron una herencia extraordinaria. No la desperdiciemos.
El Alto Balsas tiene la oportunidad de demostrar que otro municipio es posible. Que la horizontalidad no es utopía. Que la tradición y la modernidad no son enemigas. Que un pueblo que se conoce a sí mismo, que conoce su historia y que confía en sus instituciones, puede construir el futuro que merece.
Ese pueblo somos nosotros.
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Texto publicado el martes 05 de mayo de 2026 en el blog personal del autor Papeles del Sol y en su perfil personal en Facebook. Se autoriza su reproducción siempre que se cite al autor. Enlaces: https://www.facebook.com/share/p/18SXeTy5h4/