Gubidxa Guerrero
[Texto publicado en Enfoque Diario, el miércoles 06/Nov/2013]
La semana pasada publiqué una reflexión acerca de los peligros que conlleva fundar colonias por doquier. Mencioné que este es un grave problema que amenaza a los principales municipios istmeños, especialmente Salina Cruz y Juchitán. En esta última población el problema es más preocupante porque la invasión de terrenos es directamente proporcional a la voracidad de algunos líderes políticos de todos los partidos.
Conforme pasan los años el asunto no disminuye. Por el contrario, aumentan las colonias y el número de dirigentes que ven aquí una manera de granjearse una base social de apoyo, así como una fuente de inversión en obra pública; pues las colonias marginadas, al menos en el papel, requieren de mayor atención por parte de las autoridades municipales.
Pero si todos conocemos el problema, poco se habla de las medidas para solucionarlo. ¿Qué hacer para que los males que estamos prohijando no acaben con los pequeños espacios de sana convivencia? ¿Qué hacer para que los caciques políticos dejen en paz a miles de personas de escasos recursos que se vuelven presa fácil de manipulación?
Regularizar. Simple y llanamente. Otorgar certeza jurídica, previa revisión de los casos, a las personas que necesiten de un lote para construir una choza. De esta manera, quienes se ven obligados a participar en cuanto acto le ordena el líder en turno, tendrán márgenes para negarse.
La experiencia es muy clara. Cuando las personas no hacen depender sus derechos elementales de una filiación política, se sienten con la libertad de no ser cómplices de ciertos mandamases. Así sucedió en la colonia Rodrigo Carrasco y en la Gustavo Pineda de la Cruz, lugares que, una vez regularizados, dejaron de ser bastiones de los grupos políticos que tanto daño han causado a Juchitán.
Pero no se trata de regularizar porque sí; sino de que, a la par de lo anterior, se impidan nuevas invasiones por móviles políticos. La vigilancia de los pocos terrenos libres que quedan debe ser estricta, para evitar que sigan siendo robados por unos vivales que, cuales señores feudales, reparten el botín con quienes tal vez no lo necesitan.
Quienes han sido despojados a lo largo de los años deben ser indemnizados; porque no es justo que los distintos gobiernos estatales avalen a los invasores, mientras dejan desamparados a los dueños que, usualmente, son personas de la tercera edad, sin posibilidad de defenderse.
Los lotes para la vivienda no deben politizarse. Por el contrario, las autoridades deben hacer lo posible por regularizarlos, dando un título de propiedad a quienes demuestren necesitarlo. En algunos casos, no puede pensarse en otra cosa, pues son asentamientos con más de diez años y con servicios ya suministrados por los ayuntamientos.
Además, no todas las colonias son fruto de despojos. Hay casos en que el personaje simplemente ha hecho una “inversión” en bienes raíces, pensando en los frutos a futuro. Éstos también deben regularizarse.
Y he aquí la paradoja: ¿quiénes son los principales opositores a que la gente humilde tenga sus escrituras en regla? Los mismos políticos que dicen estar preocupados por ellos. En un perfecto círculo vicioso.