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| Niños y jóvenes de la Séptima Sección de Juchitán, colocando rocas para impedir el paso de los policías estatales. |
Gubidxa Guerrero
[Texto publicado en Enfoque Diario el martes 9/Abr/2013]
En diciembre escribí: “Los bloqueos no son responsabilidad únicamente de los que lo efectúan. Es evidente que hay grupos que utilizan este método como recurso desesperado contra los malos funcionarios que se desentienden de la obligación que les da razón de ser. Pero hay agrupaciones que se valen del bloqueo como medida fácil para chantajear a terceros.
Sin embargo, y de igual modo, hay autoridades que juegan un rol determinante para que el tránsito se paralice. Las hay, desde las que se ven presionadas con bloqueos indiscriminados, sin capacidad de maniobra, aunque con voluntad política; hasta las que se rigen con un “protocolo” desentendiéndose de las justas solicitudes hasta que un cierre carretero se concrete”.
Los bloqueos son una forma contraproducente de lucha social. Pero la indiferencia cínica del Gobierno es la peor respuesta.
Reza el dicho que “muerto el niño a tapar el pozo”. Sin embargo, existen autoridades que no parecen aprender del refranero popular.
Hace dos semanas se suscitó un violento enfrentamiento en la Séptima Sección de Juchitán, entre elementos de diversas corporaciones policíacas y campesinos, pescadores y demás vecinos de la zona. La situación pudo haber terminado en tragedia. De hecho hubo algunos heridos de gravedad en ambos bandos y, cosa inaudita, una mujer policía detenida.
Los casos de rehenes son bastante sonados. Cuando uno así se presenta, al lugar del evento se apersonan medios nacionales y extranjeros. Pero aquí pudo evitarse gracias a la rápida mesa de diálogo que se entabló entre las partes. Lo mismo aconteció al día siguiente, y a los tres días.
En cada ocasión los avances fueron notorios. Y existía el compromiso formal de una reunión con el Secretario General de Gobierno, misma que tuvo que posponerse ante la detención de Mariano López Gómez, integrante de la Comisión Negociadora de la Asamblea del Pueblo Juchiteco (APJ).
Ahora parece reinar nuevamente la total indiferencia. Quizá a las autoridades sólo les preocupan los conflictos sociales cuando hay sangre de por medio.
Lo he dicho antes y lo reitero: existen en su forma de actuar, básicamente, dos tipos de “movimientos sociales”. Los primeros son grupos de presión muy bien consolidados con ramificaciones y poder económico vasto. Éstos se escudan en cualquier bandera popular para justificar sus corruptelas. Tal sucede con algunos sindicatos u organizaciones políticas, tipo COCEI. Pero están los grupos semiaslados, cuyas causas son legítimas, que buscan el diálogo constante para resolver sus problemas, pero que generalmente encuentran indiferencia y rechazo: tal sucede con el movimiento en defensa de la Selva de los Chimalapas o la APJ.
A los primeros grupos ―COCEI, Sección 22, UCIZONI―, el Gobierno suele atenderlos rápidamente. De hecho, muchos de sus dirigentes conforman las cúpulas de la administración pública. A los segundos se les ignora.
Sin embargo, son estos últimos grupos los que cuentan con militantes más aguerridos, dispuestos a dar la vida por las causas que defienden. Y es de estas pequeñas agrupaciones de donde surgen las pesadillas que terminan derrocando autoridades…