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| Un sector de la población se opone al proyecto eólico. |
Gubidxa Guerrero
Con los episodios de violencia recientes en la zona de Álvaro Obregón han aumentado las discusiones en torno al proyecto eólico.
Decenas de torres generadoras de electricidad inundan el paisaje de la planicie istmeña. Juchitán, Ixtepec, Ixtaltepec, La Ventosa, La Venta, Unión Hidalgo son algunas de las poblaciones en cuyas cercanías se levantan gigantes que semejan molinos de viento.
El Parque Eólico de San Dionisio tiene dos peculiaridades: será el más grande del Istmo, y pretende implementarse en terrenos comunales. A diferencia de los contratos individuales que varias empresas firmaron con campesinos o ejidatarios desde la década pasada, en este caso la ley obliga a que Mareña Renovables firme con la colectividad, en este caso con el Comisariado de Bienes Comunales de San Dionisio del Mar, cuya autoridad máxima es la Asamblea de Comuneros.
Todo marchaba bien, aparentemente. Los papeles estaban “en regla”, pues existían documentos que amparaban el “acuerdo” entre las partes: los comuneros y Mareña Renovables. El préstamo para dicha obra, aprobado a esta empresa por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es de hasta 1,100 millones de pesos (aproximadamente 72 millones de dólares). Las torres que pretenden construirse ascienden a 132, así como una línea de transmisión de 52 kilómetros que conectaría el parque con la red eléctrica.
Sin embargo, surgió una discrepancia cuando la información se divulgó. El porcentaje de las ganancias totales que tocaría a los comuneros es ínfimo, pues representa apenas el 1.4 por ciento anual. Aunque esto se traduce aproximadamente a 20 millones de pesos en números concretos, queda en una relación desventajosa si lo comparamos con los más de mil millones de pesos que obtendrá la empresa como ganancia cada doce meses.
Si bien los acuerdos deben cumplirse, para que un trato tenga validez deben existir varios presupuestos, como que los pueblos posean información completa y clara. En este caso, algunos opositores afirman que no se cumplió con dicha premisa, pues prácticamente se engañó a los comuneros, ocultándoseles ciertos datos. Además, cabe recordar que los comuneros pertenecen a la etnia huave y debieron contar con traductores, así como con papeles en su propio idioma.
El vacío de información propiciado por la misma empresa, ha dado la oportunidad a cierta gente para que divulgue versiones falsas, como que los aerogeneradores se construirán dentro del mar muerto (sobre el agua), cosa que no se ajusta al proyecto, ya que las torres pretenden construirse en tierra firme de la Barra de Santa Teresa (así como de Santa María del Mar).
La situación presente es delicada. Por el momento, un proyecto multimillonario está en riesgo. En el peor de los escenarios, la construcción del parque se detendrá. Sin embargo el viento, fuente inagotable de energía, seguirá corriendo por la zona, y seguramente mañana llegarán nuevas empresas queriendo firmar otros contratos.
¿A quién beneficia la cancelación de dicho proyecto? Es una pregunta que procuraremos responder más adelante…