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| Florence Cassez fue liberada. |
Gubidxa Guerrero
Hace algunos años (2005), millones de televidentes vimos cómo la policía mexicana detenía “en vivo” a una banda de secuestradores. Entre los capturados venía la ciudadana francesa Florence Cassez, quien fue condenada a sesenta años de prisión, luego de un juicio seguido de cerca por los medios informativos.
Este caso trascendió cuando se descubrió que todo había sido un montaje. Ni los camarógrafos de Televisa habían arriesgado la vida presenciando un operativo en tiempo real, ni los ciudadanos habíamos mirado hechos verídicos. Los “actores” de este melodrama habían sido detenidos supuestamente horas atrás, durante la liberación de algunos secuestrados. Y una vez descubierta la farsa, toda duda es sensata.
Con el engaño televisivo se violaron varias garantías de los procesados, una de las cuales es la presunción de inocencia. Después de ver la captura de los “secuestradores”, ninguna persona dejaría de exigir la pena máxima a las instancias impartidoras de justicia (que en México equivale a toda una vida en prisión).
Por desgracia, este caso fue juzgado en las pantallas de los hogares antes que en los tribunales. Y todo por la ocurrencia de Genaro García Luna y el respaldo de Vicente Fox (quien dejaría el poder un año después). Ante las irregularidades en el proceso, a los pocos años el Gobierno de Francia, mediante su entonces Presidente Nicolás Sarkozy, pidió la extradición de Florence Cassez para que cumpliera condena en suelo patrio. Felipe Calderón (titular del Ejecutivo de 2006 a 2012) se negó e hizo todo lo posible para evitar su posterior liberación, y el caso se convirtió en motivo de fricción; tanto, que hasta se terminó cancelando una serie de actividades culturales en Europa. Con nuevos Gobiernos en México y Francia, el debate volvió a abrirse.
Apenas ayer se discutió otra vez el asunto al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ésta dio un giro sorpresivo: la orden de liberar inmediatamente a Cassez. Según los jueces que la sentenciaron, la ciudadana francesa es culpable de privación ilegal de la libertad, por lo que todavía tendría que pasar más de cincuenta años recluida. Pero para los magistrados de la Suprema Corte debe quedar libre por las irregularidades durante el proceso.
Las normas tienen su razón de ser. Los protocolos de arresto y los procedimientos judiciales no están porque sí. Obedecen a la necesidad de confiabilidad y certeza. Se escribieron, precisamente, para evitar abusos e irregularidades que generen dudas comprensibles.
Es cierto que debe privilegiarse la justicia por encima de las “interpretaciones” de la ley, como sugirió Felipe Calderón cuando todavía era mandatario. Pero a estas alturas es difícil determinar si la implicada es culpable o inocente.
Los órganos impartidores de justicia han quedado mal parados frente a este caso, porque si la francesa fuera “en realidad” culpable, será una tragedia para las víctimas.
Florence Cassez será liberada. Si es culpable o inocente, ya nadie sabe. Y poco parece importarles a los ministros de la Suprema Corte. No obstante, conocemos a un responsable, sin lugar a dudas: Genaro García Luna. También conocemos a su cómplice: Televisa. ¿Y Televisa, que se prestó a la farsa? ¿Y Genaro García Luna, que la orquestó? Ellos, bien. Ante eso, un ciudadano común puede preguntarse qué garantía se tiene de un juicio adecuado y de un veredicto justo. Tristemente, ninguna.
Este caso trascendió cuando se descubrió que todo había sido un montaje. Ni los camarógrafos de Televisa habían arriesgado la vida presenciando un operativo en tiempo real, ni los ciudadanos habíamos mirado hechos verídicos. Los “actores” de este melodrama habían sido detenidos supuestamente horas atrás, durante la liberación de algunos secuestrados. Y una vez descubierta la farsa, toda duda es sensata.
Con el engaño televisivo se violaron varias garantías de los procesados, una de las cuales es la presunción de inocencia. Después de ver la captura de los “secuestradores”, ninguna persona dejaría de exigir la pena máxima a las instancias impartidoras de justicia (que en México equivale a toda una vida en prisión).
Por desgracia, este caso fue juzgado en las pantallas de los hogares antes que en los tribunales. Y todo por la ocurrencia de Genaro García Luna y el respaldo de Vicente Fox (quien dejaría el poder un año después). Ante las irregularidades en el proceso, a los pocos años el Gobierno de Francia, mediante su entonces Presidente Nicolás Sarkozy, pidió la extradición de Florence Cassez para que cumpliera condena en suelo patrio. Felipe Calderón (titular del Ejecutivo de 2006 a 2012) se negó e hizo todo lo posible para evitar su posterior liberación, y el caso se convirtió en motivo de fricción; tanto, que hasta se terminó cancelando una serie de actividades culturales en Europa. Con nuevos Gobiernos en México y Francia, el debate volvió a abrirse.
Apenas ayer se discutió otra vez el asunto al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ésta dio un giro sorpresivo: la orden de liberar inmediatamente a Cassez. Según los jueces que la sentenciaron, la ciudadana francesa es culpable de privación ilegal de la libertad, por lo que todavía tendría que pasar más de cincuenta años recluida. Pero para los magistrados de la Suprema Corte debe quedar libre por las irregularidades durante el proceso.
Las normas tienen su razón de ser. Los protocolos de arresto y los procedimientos judiciales no están porque sí. Obedecen a la necesidad de confiabilidad y certeza. Se escribieron, precisamente, para evitar abusos e irregularidades que generen dudas comprensibles.
Es cierto que debe privilegiarse la justicia por encima de las “interpretaciones” de la ley, como sugirió Felipe Calderón cuando todavía era mandatario. Pero a estas alturas es difícil determinar si la implicada es culpable o inocente.
Los órganos impartidores de justicia han quedado mal parados frente a este caso, porque si la francesa fuera “en realidad” culpable, será una tragedia para las víctimas.
Florence Cassez será liberada. Si es culpable o inocente, ya nadie sabe. Y poco parece importarles a los ministros de la Suprema Corte. No obstante, conocemos a un responsable, sin lugar a dudas: Genaro García Luna. También conocemos a su cómplice: Televisa. ¿Y Televisa, que se prestó a la farsa? ¿Y Genaro García Luna, que la orquestó? Ellos, bien. Ante eso, un ciudadano común puede preguntarse qué garantía se tiene de un juicio adecuado y de un veredicto justo. Tristemente, ninguna.