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Gubidxa Guerrero
[Texto publicado en Enfoque Diario, el viernes 31/Oct/2014]
Todos los políticos se desconcertaron. Los gobernantes de todos los niveles no supieron reaccionar a tiempo, y de forma adecuada, ante los hechos de finales de septiembre en Iguala.
Los asesinatos masivos son cada vez más comunes. Hay, después de todo, más de veinte mil desaparecidos en todo México. Pero el impacto es mucho mayor cuando se trata de estudiantes.
De confirmarse el asesinato de los 43 normalistas secuestrados, sumaría una noche trágica de 49 muertes, 46 de los cuales corresponderían a muchachos que cursaban la licenciatura en Tixtla. Casi el 10% de los jóvenes que se preparan para ser profesores en la Normal de Ayotzinapa.
Dentro del torbellino de discusiones, todos han salido afectados, aunque la responsabilidad directa recae en el ex alcalde de Iguala y el ex gobernador del Estado de Guerrero. Perredistas ambos.
Con un cinismo inusitado, las llamadas “izquierdas” mexicanas, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, llaman “crimen de Estado” a los delitos relacionados con la desaparición de los normalistas. Quieren sacar beneficio político de una tragedia que les salpica principalmente a ellos.
Confiado en que por haberse perpetrado en Guerrero no le perjudicaría, Enrique Peña Nieto y sus asesores prefirieron lavarse las manos, responsabilizando a las autoridades guerrerenses. No fueron capaces de percatarse que una tragedia de tal magnitud rebasaba esferas locales y que necesitaba acción urgente.
¿Qué pasaría con el gobierno cubano si se diera una matanza en Santiago? ¿Se imaginan a Raúl Castro culpabilizando al gobernante regional?
Ningún gobierno puede darse el lujo de ignorar una matanza, suceda en Sonora, Yucatán o Guerrero. Si hay alguna equivocación por parte del gobierno federal reside en dejar pasar estos hechos.
Se reunió con los padres de los desaparecidos más de un mes después de la noche de Iguala. Éstos, por supuesto, están enojadísimos con el Presidente, y con el ex gobernador, y con el ex alcalde de Iguala…
Dentro de toda esta situación, pocos han reparado en un hecho: cualquier delincuente peligroso conoce la fórmula para tumbar una administración. Le bastará con cometer una masacre para que, cual piezas de dominó puestas en fila, se derrumbe.
Sin embargo no todo es horror. Un resultado de los hechos del 26-27 de septiembre, que afectará a todos los partidos por igual, será la selección escrupulosa de los futuros candidatos. Nadie podrá decir que “no conocía” al abanderado de equis partido, como acaba de justificarse López Obrador. Todos tendrán la estricta obligación de saber con quiénes se alían para gobernar las ciudades del país. Las listas serán revisadas una y otra vez para evitar que llegue al poder un nuevo Abarca. Menos mal.