Gubidxa Guerrero
[Texto publicado en Enfoque Diario, el martes 11/Feb/2014, así como en el diario NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca]
Este fin de semana ingresaron los comunitarios a la ciudad emblemática del cártel de los Templarios: Apatzingán, cuna de la Constitución de 1814, impulsada por José María Morelos y Pavón.
Junto con la noticia se difundieron imágenes y cifras de las primeras detenciones de las autodefensas, como también se llaman a los cuerpos de Policía Comunitaria de Tierra Caliente, Michoacán. De inmediato la gente en el país realizó una sencilla lectura: en pocas horas los comunitarios detuvieron a un centenar de personas, supuestamente pertenecientes al crimen organizado, mientras que en varias semanas el Ejército Mexicano y la Policía Federal apenas lograron capturar a unos cuantos delincuentes.
¿Por qué un puñado de civiles armados consigue efectuar detenciones, aseguramiento de casas y cateos, mientras la fuerza pública no lo logra? Por una sencilla razón: porque éstos últimos están restringidos.
Por muchas décadas la sociedad mexicana pidió que las fuerzas del orden se ciñeran a protocolos avalados por la comunidad internacional con el fin de salvaguardar los derechos civiles. La intención era proteger al ciudadano común de las arbitrariedades que se cometían masivamente en contra de la población.
¿Recuerdan a los famosos “judiciales”? La ciudadanía los veía con un temor genuino por la violencia con que efectuaban las detenciones. Tenían vía libre para apresar a quien quisieran, sin orden de aprehensión ni motivo aparente. Era natural que se ganaran el repudio mayoritario.
Después de la llamada guerra sucia, durante la década de los setentas, en que se escucharon acusaciones de abusos por parte de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hubo un cambio en el entrenamiento que recibían los soldados. Los militares mexicanos fueron capacitados en el respeto a los derechos humanos, lo que hizo que su accionar fuera cada vez más restringido, en aras de no violentar las garantías constitucionales (lo que no impide que existan casos aislados que siguen avergonzando a las fuerzas armadas).
Cuando los Templarios “se pasean” frente a los cuerpos de seguridad en Apatzingán, éstos no pueden proceder sin una orden de aprehensión. Ello hace que los pobladores que sufren cotidianamente extorsiones y violencia, se decepcionen grandemente. Y para agravar la situación, tampoco se sienten con la confianza de denunciar, pues el sistema judicial no goza de mucha credibilidad que digamos.
Hay un círculo vicioso en las instituciones encargadas de proteger a los habitantes del país: casi no existen denuncias y, por tanto, los soldados o policías federales no tienen manera de proceder legalmente. En cambio los comunitarios tienen ―al igual que cualquier persona armada fuera de la ley― la posibilidad de detener personas, catear y asegurar casas por la mera sospecha de que se está vinculado con los adversarios. Lo anterior suele resultar efectivo, pero no es apegado a derecho.
Mientras la sociedad siga viendo que la mayoría de los detenidos son “culpables” legitimará el actuar de las autodefensas, pero, ¿quién nos asegura que los comunitarios de hoy no serán el cártel del mañana? Por ello, en esta situación, la federación está actuando con pinzas. Veinte mil fusiles pueden servir para muchas cosas: desde luchar contra un grupo criminal, hasta comenzar una revolución social…
