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| José de Jesús Silva Pineda. |
Gubidxa Guerrero
Pocas cosas molestan más que el doble discurso de los funcionarios públicos estatales. El doble racero con que “resuelven” los problemas cotidianos es indignante, pues mientras se ignora a las mayorías, se atiende con prontitud a unos cuantos privilegiados.
Lo anterior se ejemplifica con los dichos del Subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), José de Jesús Silva Pineda, respecto la situación delicada en la ciudad Juchitán: “En Oaxaca no se judicializará la política, ni se politizará la justicia. Esta es una de las premisas centrales del Gobierno de Oaxaca y bajo esta línea se articulará en cada conflicto una estrategia de estado apegada a la legalidad, al estado de derecho y a la civilidad”.
Pero, ¿alguien puede creer tal aseveración? Dicen que no se politizará la justicia, cuando muchos delincuentes de cuello blanco, que deberían estar en un centro de readaptación social, o cuando menos bajo proceso, se encuentran gozando de una libertad inmerecida, burlándose del pueblo trabajador.
Hay en Tehuantepec varias mujeres humildes detenidas. A una, inclusive, se le negó el derecho de amamantar a su pequeño. Fueron detenidas durante un magno operativo en Juchitán implementado ‘a modo’ por las instancias judiciales. ¿O nos dirán que las corporaciones estatales llegaron a defender a Juan Pueblo? Para todos se hizo evidente el uso parcial de los recursos del Estado en el caso anterior, porque cientos de policías entraron en acción, precisamente cuando lo solicitaron ciertos políticos.
Lo que su servidor ha visto en el Istmo de Tehuantepec es que el Gobierno del Estado solamente acude a los llamados de los poderosos: llámense empresas eólicas o políticos de todos los partidos. Basta con que hagamos memoria.
No me entero de la actuación de las corporaciones estatales cuando se despoja a los humildes, o cuando los caciques políticos ordenan sendos bloqueos carreteros por doquier. Únicamente sé del trabajo policíaco cuando así lo quieren las empresas transnacionales o los caciques.
Es una lástima que se hayan promovido las invasiones por varias décadas y que el Gobierno las haya incentivado asociándose con los políticos que las implementaban. Hoy, que el problema afectó a quienes antes lo realizaron se detiene a decenas de personas en condiciones infrahumanas.
Justos pagan por pecadores. Los verdaderos culpables ocupan las carteras de gobierno en todos los niveles. Así es la justicia en Oaxaca. No como dice el señor José de Jesús Silva.