Gubidxa Guerrero
[Texto publicado en Enfoque Diario el miércoles 22/May/2013]
Días atrás supimos de la detención de una docena de personas supuestamente implicadas en el secuestro de los hijos del empresario Juan José Álvarez Candiani. Lo que dio a la noticia un efecto escandaloso fue que cuatro de estas personas son profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Y en la región istmeña el tema fue todavía más notorio porque Sara Altamirano Ramos es candidata a la alcaldía de Jalapa del Marqués por la alianza PAN-PRD.
Las dudas del caso, en la cúpula sindical, no se hicieron esperar. De inmediato se oyeron voces descalificando las indagatorias y afirmando que los delitos eran fabricados en un intento de desprestigiar al magisterio.
Es indudable que los órganos de justicia del Estado Mexicano dejan mucho que desear. Todos conocemos casos de inocentes refundidos en prisiones, por la orden de algún personaje influyente, o como simple “chivo expiatorio”. Pero el tema del secuestro es harto delicado como para desautorizar, sin más argumento que la pertenencia gremial, cualquier implicación.
No digo que los profesores detenidos sean culpables. Eso lo determinará un juez. Pero tampoco puedo afirmar que las instancias encargadas de la investigación estén actuando por consigna. Tan mala es una como otra descalificación.
Mientras esté abierto el proceso, los docentes deben ser considerados legalmente inocentes. Sus reputaciones deben ser cuidadas y únicamente se les debe dar el trato de ‘presuntos’. Sus correligionarios tienen, además, todo el derecho de exigir que las autoridades se conduzcan con imparcialidad y buena fe.
¿Pero de ahí a bloquear las vialidades para exigir que sean puestos en libertad? Considero que ello es una desproporción, así como una actitud delicada, de cara a la sociedad.
Cuando recién me enteré del caso, una señora me dijo: “falta que a los maestros se les ocurra bloquear por estos acusados de secuestro”. Lo que parecía una afirmación irónica, cobró realidad a las pocas horas.
En Tehuantepec, por ejemplo, padecimos de la interrupción de la vialidad a la altura del ‘puente de fierro’. En Jalapa del Marqués, cientos de personas que se dirigían a la ciudad de Oaxaca desde el Istmo, o viceversa, vieron frustrados su intento por algunas horas. Todo en defensa de cuatro agremiados de un poderoso sindicato, que por el momento no pueden ser llamados ‘culpables’, pero que deben seguir el procedimiento de rigor.
Si en el transcurso de los meses las pruebas resultan contundentes, el magisterio oaxaqueño se llevará un chasco y tendrá que reconocer su equivocación. Habrá perdido una batalla moral. Si los profesores resultan inocentes, las instancias gubernamentales encargadas de la seguridad pública sufrirán un golpe demoledor a su credibilidad.
Que resulte lo que haya. Pero que quien dicte sentencia lo haga con justicia y con las pruebas en la mano.
