Gubidxa Guerrero
[Texto publicado en Enfoque Diario, el martes 15/Ene/2013]
Esta semana comenzó la jornada de movilizaciones que los profesores de todo el país realizarán para protestar por la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero apoyada por la mayoría de los partidos políticos del país (incluyendo el PAN y el PRD).
Pronto escucharemos las palabras: “¡Cerrado!”, “¡no hay paso!”, ¡taparon la carretera!”. Ya sea que utilicemos vehículo particular o transporte público, a todos nos afectará.
Los bloqueos carreteros son el pan de cada día. Cualquier grupo de interés capaz de movilizar a quince personas, fácilmente puede apoderarse de nuestro derecho de tránsito exigiendo la resolución de un problema. Y ¡ay de aquél que ose criticarlos!: es un autoritario.
Hemos caído en el absurdo, pues argumentando la defensa de los derechos de unos cuantos, se violan los de una mayoría ajena al problema.
La región del Istmo se ha hecho célebre no sólo por la hermosura de sus mujeres, el carácter festivo de sus habitantes, o su cultura viva y milenaria, sino por la frecuencia con que se cierran los caminos. Maestros, taxistas, organizaciones políticas, todos utilizan este método ―el bloqueo carretero― para hacerse escuchar.
Entiendo que algunas personas de las que se movilizan y que optan por dicha actitud, muchas veces tengan razón. Pero, ¿por qué un individuo que se dirige a sus labores o a visitar a sus parientes, tiene que sufrir las consecuencias de la mala relación entre las autoridades y determinado sector social? En ese caso, un mecánico podría considerarse con la facultad de cerrar las vialidades cada vez que algo le saliera mal en el trabajo…
No debe confundirse el derecho a la libre manifestación, con la posibilidad de perjudicar a los demás. “Tus prerrogativas terminan donde empiezan las de los demás”, reza una frase. Así, pues; todo ciudadano debe considerarse con la libertad de exteriorizar sus inconformidades, siempre que no dañe a quienes ninguna culpa o responsabilidad tienen por su situación.
Las personas que cierran las carreteras necesitan tomar conciencia del grave daño que causan a sus conciudadanos. Los líderes gremiales deben tener presente que los métodos violatorios de las garantías individuales no sólo perjudican a terceros, sino a sus mismos movimientos, al restarles apoyo entre la opinión pública.
Esas formas de “lucha” son anticuadas y contraproducentes. Debemos ir pensando en alternativas que permitan la expresión de las discrepancias sin alterar la vida cotidiana. De otro modo, terminaremos hartándonos y las voces que exigen la intervención de la fuerza pública para desalojar a los “tapacarreteras” se harán cada vez más fuertes.
Si no queremos llegar a extremos, como a desalojos violentos (que en algunas partes de la Entidad ya se dieron, como en el poblado de Mitla), empecemos por cambiar estos vicios que dejaron los malos políticos. ¡No al cierre de vialidades!
