Gubidxa Guerrero
Hace algunos años, millones de televidentes vimos cómo la Policía Federal, a cargo en aquel entonces de Genaro García Luna, detenía en vivo a una banda de secuestradores. Entre los capturados venía la ciudadana francesa Florence Cassez, quien luego de un juicio seguido de cerca por los medios informativos fue condenada a sesenta años de prisión.
El caso trascendió cuando se descubrió que todo había sido un montaje. Ni los camarógrafos de Televisa arriesgaron la vida presenciando un operativo en tiempo real, ni los ciudadanos miramos hechos verídicos. Los “actores” de este melodrama habían sido detenidos, supuestamente, horas atrás durante la liberación de algunos secuestrados, pero una vez descubierta la farsa, toda duda es sensata.
Con el engaño televisivo se violaron varias garantías de los procesados, la más importante de las cuales es la presunción de inocencia. Después de ver la captura de los “secuestradores”, ninguna persona dejaría de exigir la pena máxima a las instancias impartidoras de justicia, que en México equivale a toda una vida en prisión.
Por desgracia, este caso fue juzgado en las pantallas de los hogares antes de que en los tribunales. Y todo por la ocurrencia del actual Secretario de Seguridad Pública (SSP) Genaro García Luna (¿así lo premió Felipe Calderón?). Ante las irregularidades en el proceso, el Gobierno de Francia, mediante su Presidente Nicolás Sarkozy, pidió el año pasado la extradición de Florence Cassez para que cumpliera condena en suelo patrio. Felipe Calderón se negó, temiendo su posterior liberación, y el caso se convirtió en motivo de fricción; tanto que se terminó cancelando una serie de actividades culturales en Europa.
El tema vuelve a adquirir relevancia por el debate al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría liberar a la sentenciada. Según el veredicto de hace años, la ciudadana francesa es culpable de privación ilegal de la libertad, por lo que tendría que pasar todavía más de cincuenta años recluida. Pero, ¿en verdad es una delincuente? ¿No será un mero ‘chivo expiatorio’? Éstas y otras dudas son legítimas, una vez enterados de la burda manipulación de la opinión pública.
Las normas tienen su razón de ser. Los protocolos de arresto y los procedimientos judiciales no están porque sí. Obedecen a la necesidad de confiabilidad y certeza. Se escribieron, precisamente, para evitar abusos e irregularidades que generen dudas comprensibles.
Es cierto que debe privilegiarse la justicia por encima de las “interpretaciones” de la ley, como sugirió el Presidente de México hace poco. Pero también es cierto que suceda lo que suceda, los órganos impartidores de justicia quedarán mal parados frente a este caso, y eso gracias a un funcionario que le es muy cercano (García Luna). Porque si la francesa es culpable y se le libera, será una tragedia para las víctimas; si fuera inocente y se le dejara prisionera, será una tragedia para ella y su familia. Sólo si siendo culpable continuara presa, sería una feliz casualidad.
¿Y el juicio? He ahí el meollo del asunto; pues desde su detención comenzaron las irregularidades. ¿Qué garantía se tiene de un juicio adecuado y de un veredicto justo? Ninguna.
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Texto publicado en Enfoque Diario el jueves 22/Mar/2012.