Todos somos culpables

Gubidxa Guerrero

[Texto publicado en Enfoque Diario, el viernes 08/Nov/2013]

El miércoles 6 de noviembre dos personas fueron asesinadas en Juchitán. La razón aparente fue una riña ocasionada por la ponchadura de un neumático de una patrulla de la Policía Federal. El contexto, un bloqueo carretero a la altura del Canal 33, en la carretera Panamericana.

Una discusión, como cualquiera de las muchas que se dan cuando los ánimos se encienden, terminó en un acto de violencia inusitada. Eloy Sánchez, agente de la Policía Federal, murió víctima de las heridas de machete causadas por Jesús Gómez y su hermano menor. Jesús también falleció, víctima de los impactos de bala del uniformado.

Lo que hace algún tiempo sería noticia para comentarse por semanas, esta vez no pasó de nota roja; muy vendible, claro, pero relativamente intrascendente. 

La violencia en la región istmeña es cada vez más común. Pareciera que todos nos estuviéramos acostumbrando a ella; lo que viene muy bien a las autoridades, que no se ven obligadas a ponerle freno.

¿Cuántos funcionarios serán destituidos? ¿En qué terminará la investigación de estos lamentables hechos? Tal vez no pase de unos jóvenes encarcelados y dos familias enlutadas.

Por eso debemos reflexionar sobre la raíz del problema. Los asesinatos del miércoles son consecuencia directa del clima de descomposición que vive nuestra sociedad. En Juchitán, Tehuantepec, Matías Romero, Ixtepec, Salina Cruz y casi todos los municipios istmeños no hay autoridad que valga. Impera la ley del más fuerte.

Por temor al estigma de “represor” muchos funcionarios se han desentendido de sus obligaciones, orillando a que la gente se confronte. Así pasó en la calle Miguel Hidalgo, en Juchitán, donde un desalojo ordenado por líderes coceístas pudo terminar en tragedia. Así ha pasado en varias colonias del puerto, donde los vecinos ya no saben a quién acudir para defenderse de la delincuencia.

De la decadencia de nuestra región todos somos culpables: aquellos jóvenes de los años setentas que, inspirados en ideales socialistas del otro lado del mundo, quisieron sacar al PRI de los ayuntamientos para perpetuarse en su lugar; la generación de nuestros padres, que dejó que esa partida de rufianes enlodara las esperanzas de miles; y nuestra generación que no ha sabido sacárselos de encima para que dejen de pervertir la función pública.

Juchitán y el Istmo agonizan. ¿Qué hacer? ¿Seguir ensimismados trabajando desde nuestras esferas?, ¿seguir apelando a la conciencia?, ¿continuar quejándonos?, ¿crear un movimiento político-social que aglutine a los excluidos de siempre, ciudadanía apartidista y jodidos? La gente está desencantada de los de siempre. Ninguna opción anterior parece garantizar el éxito. Y vuelvo a preguntar, ¿qué hacer? 

Hacia el cierre definitivo de Av. Hidalgo

Fotografía.- Gibrán Toledo

Gubidxa Guerrero

[Texto publicado en Enfoque Diario, el jueves 07/Nov/2013]

Hace tres semanas que los vecinos de una importante vialidad de Juchitán decidieron decirle 'NO' a la instalación de bases de mototaxis en sus rumbos. 

Los habitantes de la avenida Miguel Hidalgo, en el centro de la ciudad, se vieron inundados de mototaxis como consecuencia de unos acuerdos ente líderes de la COCEI, taxistas, Ayuntamiento juchiteco y Gobierno del Estado. En dicho convenio la ciudadanía no fue consultada ni tomada en cuenta.

Al principio había unas cuantas unidades. Después fueron decenas. Los vecinos jamás se negaron a la circulación de las motos, pues consideran que todos tienen derecho de transitar por las calles de Juchitán. El asunto estalló por los percances con algunas personas de la zona, y por no respetar el sentido de la calle, pues esta vialidad, que iba de poniente a oriente, fue convertida en una de doble sentido por mandato de quién sabe quién. 

Los vecinos de Hidalgo siguieron los cauces necesarios. Solicitaron ser escuchados, pero se cansaron de enviar oficios a distintas instancias; y después, ante la total indiferencia de las autoridades municipales, decidieron impedir, por sí mismos, la instalación de bases de mototaxis. ¿Cómo? Cerrando la calle. 

La intimidación no se hizo esperar. Al poco tiempo, un grupo de vándalos fue enviado a retirar los objetos con que los vecinos impedían su circulación. Las fotografías y videos dieron la vuelta en las redes sociales, como Facebook y Twitter. Sin embargo, la Av. Hidalgo siguió firme.

Desde el comienzo dijeron que si no eran atendidas sus demandas cerrarían la calle definitivamente, resguardándola de todos los grupos políticos. La pondrían, en cambio, a disposición de la ciudadanía para actividades deportivas y culturales.  

Parece que llegó el día. Ya enviaron el oficio correspondiente, dando aviso a las instancias de gobierno, de que clausurarán definitivamente la avenida. Es cuestión de días para que esta importante vialidad de Juchitán sea peatonalizada, tal como sucede con algunas avenidas de Oaxaca de Juárez o el mismo Distrito Federal.

Los funcionarios no hicieron caso, los políticos y líderes tampoco. Un grupo de ciudadanos se cansó… ¿Qué otras calles siguen?

¿Qué hacer con las colonias?

Gubidxa Guerrero

[Texto publicado en Enfoque Diario, el miércoles 06/Nov/2013]

La semana pasada publiqué una reflexión acerca de los peligros que conlleva fundar colonias por doquier. Mencioné que este es un grave problema que amenaza a los principales municipios istmeños, especialmente Salina Cruz y Juchitán. En esta última población el problema es más preocupante porque la invasión de terrenos es directamente proporcional a la voracidad de algunos líderes políticos de todos los partidos.

Conforme pasan los años el asunto no disminuye. Por el contrario, aumentan las colonias y el número de dirigentes que ven aquí una manera de granjearse una base social de apoyo, así como una fuente de inversión en obra pública; pues las colonias marginadas, al menos en el papel, requieren de mayor atención por parte de las autoridades municipales.

Pero si todos conocemos el problema, poco se habla de las medidas para solucionarlo. ¿Qué hacer para que los males que estamos prohijando no acaben con los pequeños espacios de sana convivencia? ¿Qué hacer para que los caciques políticos dejen en paz a miles de personas de escasos recursos que se vuelven presa fácil de manipulación?

Regularizar. Simple y llanamente. Otorgar certeza jurídica, previa revisión de los casos, a las personas que necesiten de un lote para construir una choza. De esta manera, quienes se ven obligados a participar en cuanto acto le ordena el líder en turno, tendrán márgenes para negarse. 

La experiencia es muy clara. Cuando las personas no hacen depender sus derechos elementales de una filiación política, se sienten con la libertad de no ser cómplices de ciertos mandamases. Así sucedió en la colonia Rodrigo Carrasco y en la Gustavo Pineda de la Cruz, lugares que, una vez regularizados, dejaron de ser bastiones de los grupos políticos que tanto daño han causado a Juchitán.

Pero no se trata de regularizar porque sí; sino de que, a la par de lo anterior, se impidan nuevas invasiones por móviles políticos. La vigilancia de los pocos terrenos libres que quedan debe ser estricta, para evitar que sigan siendo robados por unos vivales que, cuales señores feudales, reparten el botín con quienes tal vez no lo necesitan. 

Quienes han sido despojados a lo largo de los años deben ser indemnizados; porque no es justo que los distintos gobiernos estatales avalen a los invasores, mientras dejan desamparados a los dueños que, usualmente, son personas de la tercera edad, sin posibilidad de defenderse.

Los lotes para la vivienda no deben politizarse. Por el contrario, las autoridades deben hacer lo posible por regularizarlos, dando un título de propiedad a quienes demuestren necesitarlo. En algunos casos, no puede pensarse en otra cosa, pues son asentamientos con más de diez años y con servicios ya suministrados por los ayuntamientos. 

Además, no todas las colonias son fruto de despojos. Hay casos en que el personaje simplemente ha hecho una “inversión” en bienes raíces, pensando en los frutos a futuro. Éstos también deben regularizarse.

Y he aquí la paradoja: ¿quiénes son los principales opositores a que la gente humilde tenga sus escrituras en regla? Los mismos políticos que dicen estar preocupados por ellos. En un perfecto círculo vicioso.

Cría cuervos…

Gubidxa Guerrero

[Texto publicado en Enfoque Diario, el martes 05/Nov/2013]

Mientras miles de capitalinos se siguen quejando por el plantón en el Monumento a la Revolución; mientras el regreso a clases no ha dejado satisfechos a todos, y continúan los conflictos en varios municipios del Estado de Oaxaca; en las escuelas normales se viven procesos singulares.

Hace algunos días supimos de cómo varios integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE. O la ‘Coordinadora’, es decir, la CNTE cuando andan en lucha) fueron humillados por alumnos normalistas en la ciudad de Oaxaca. Una representación estudiantil exigía que los alumnos que no participaron en las movilizaciones de agosto-octubre en el Distrito Federal no fueran beneficiados por las “conquistas” del movimiento.

Lo anterior no podía ser concedido por la cúpula sindical, pues contraviene derechos elementales y supondría un duro golpe mediático en contra del discurso de la educación popular. Los beneficios otorgados por el Estado Mexicano (traducción: por los millones de contribuyentes de este país) a un sector de la población no pueden entregarse bajo criterios políticos. Al menos no puede hacerse así de cara a la ciudadanía. 

Por dicha razón el liderazgo de la Sección 22 no podía conceder lo que ciertos estudiantes exigían. Se les caería el espectáculo. Pero las razones, de elemental sentido político, no pudieron ser comprendidas por algunos aspirantes a profesores, quienes retuvieron a los docentes que habían ido a dialogar con ellos. No sólo los encerraron, como muchos grupos políticos suelen hacer, sino que les impidieron ir a los sanitarios a hacer sus necesidades fisiológicas. Los retenidos tuvieron que defecar en un bote, al interior de un salón. Como algunos manifestaron, ni la misma Sección 22 ha incurrido en tales excesos…

Ayer lunes, la Escuela Normal, con sede en Ixtepec, cerró puertas. El Comité Estudiantil determinó que las clases no podían continuar hasta no dar solución a sus demandas. 

Quien ha padecido los constantes paros en toda la Entidad no puede más que mirar con ironía cómo los propios estudiantes se pegan un tiro en el pie. Mientras el país camina en un sentido, mientras que la evaluación está en puerta y las plazas magisteriales escasean, en el Istmo hay quienes se empeñan en ir para atrás. No los culpo. Bien lo dice el dicho: cría cuervos y te sacarán los ojos.   

De ex presidentes a ex presidentes

Gubidxa Guerrero

[Texto publicado en Enfoque Diario, el lunes 04/Nov/2013]

Cada cierto período de tiempo alguien suelta el dato de cuánto cuesta a los contribuyentes la manutención de los ex presidentes de la República. Con asombro, la gente se entera de todo lo que el Estado mexicano destina a facilitar la vida de quienes gobernaron nuestro país por seis años cada uno.

Es común escuchar la exigencia de algunos sectores de la población, con respecto que se elimine la pensión vitalicia a los ex mandatarios como si, con ello, éstos dejarán de sangrar al erario. Tal vez no sepan que, además de la famosa pensión, un ex presidente tiene derecho a varios colaboradores y guardias de por vida... 

Cada que leo sobre el tema me río de la ingenuidad mayoritaria. Me he atrevido a afirmar que conozco a ex presidentes que cuestan más caro a los contribuyentes que Echeverría, Zedillo, Salinas, Fox y Calderón juntos. Me refiero a los ex presidentes municipales de Juchitán: cada uno de ellos representa una erogación multimillonaria, que recae no en un país de cien millones de habitantes, sino en una ciudad de apenas cien mil personas.

Haciendo cuentas, cada ex presidente y sus "colaboradores" (que en este caso, resultan ser los cientos de trabajadores que tiene en nómina, mucho de los cuales jamás pisaron el Palacio Municipal) cuesta cientos de miles de pesos al mes. Según palabras del actual presidente municipal de Juchitán, Daniel Gurrión Matías, la erogación asciende a ¡dos millones de pesos! Si a eso sumamos obras públicas asignadas por dedazo (pues casi todos tienen sus empresas constructoras) la cifra se eleva significativamente. 

El presupuesto de Juchitán de Zaragoza es uno de los más abultados del Estado de Oaxaca. Pero de lo destinado al municipio, buena parte se queda en los bolsillos de algunos políticos. Por eso, no vemos mejoras reales y seguimos padeciendo la inseguridad y la falta de servicios elementales, como la recolección de basura. 

Antes de cuestionar a los ilustrísimos titulares del Poder Ejecutivo Federal, preguntemos por nuestros alcaldes de pueblo. A veces, como en la película La Ley de Herodes, se sirven con una cuchara más grande que aquéllos. Hasta Salinas se queda corto.