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| Alberto Patishtán |
Gubidxa Guerrero
[Texto publicado en Enfoque Diario, el jueves 31/Oct/2013]
Esta es una historia triste con final medio feliz. Es la historia de la lucha empecinada por demostrar al mundo la inocencia de una persona. El profesor Alberto Patishtán Gómez fue acusado de participar en una emboscada en la que murieron siete policías en el año 2000. El juez determinó que era culpable y, a pesar de las irregularidades en su proceso y de que hubo testigos que lo vieron en otro lugar durante esos lamentables hechos, fue condenado a 60 años en presidio.
Patishtán pertenece a la etnia tzotzil. Desde el comienzo se dijo víctima de una injusticia. Jamás desistió de buscar su liberación, y apelación tras apelación fue agotando todas las instancias a las que un ciudadano mexicano puede acudir para demostrar su inocencia. Ironías de nuestro sistema judicial: se supone que son los acusadores quienes deberían demostrar la culpabilidad del acusado…
El asunto que fracasó en tribunales, venció en los medios informativos. El caso fue paulatinamente conocido por la prensa nacional, así como por ctivistas de derechos humanos que coincidían en que el juicio estuvo plagado de yerros. Sin embargo, eso no permitió la liberación del sentenciado.
Hace algunos meses miles de personas esperanzadas vieron frustradas sus ilusiones cuando un organismo negó, de nueva cuenta, la libertad al profesor tzotzil. En esta ocasión hasta el gobernador chiapaneco, Manuel Velasco Coello, se mostró contrariado afirmando que Patishtán no debía estar encerrado.
Ayer miércoles, Enrique Peña Nieto dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Código Penal Federal aprobadas por el Congreso en materia de indulto. En el decreto se adiciona el artículo 97 bis, que queda de la siguiente manera:
“De manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de algunas de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal, o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.“El Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales”.
Esta norma entra en vigor hoy jueves, y el primer beneficiado de ella será Alberto Patishtán. La justicia, aunque tarde, llegó a este individuo. Es, claramente, un golpe al sistema judicial mexicano, que queda en evidencia por el Presidente.
¿Recuerdan que hace poco liberaron a una francesa, plenamente identificada por sus víctimas, debido a problemas durante su proceso? ¿Supieron de cómo un juez devolvió a Raúl Salinas de Gortari una cantidad importante de “sus” bienes? Eso, sin contar, la reciente liberación de Caro Quintero. Una de cal por las que van de arena…