Gubidxa Guerrero
[Texto publicado en Enfoque Diario el jueves 9/May/2013]
La mayoría de los problemas del Istmo de Tehuantepec se resumen en una palabra: caciquismo. En aras de ganar elecciones, un grupo de rufianes se ha valido de una serie de métodos lascivos para el pueblo. Pese a todo y contra todo.
Ellos han creado miseria. Son personajes que viven de la pobreza. Poblaciones con condiciones decorosas de vida no les convienen; porque sociedades así no son presa fácil de los caciques políticos que necesitan gente para bloquear y hacer toda clase de movilizaciones.
Pero hay una complicidad de parte de las administraciones estatales. Porque los gobiernos del centro nunca los han querido frenar, pues necesitan 20, 30 o 40 mil votos para los distintos procesos comiciales.
Hay toda clase de problemas. Éstos constituyen un nudo difícil de desatar. Pero en la cabeza de la pirámide de dificultades están los caciques políticos de todos los partidos. Son quienes han utilizado al pueblo como fábrica de votos. Y las autoridades son corresponsables por la complicidad que han mantenido con aquéllos. Heladio, Diódoro, José, Ulises y Gabino son igual de culpables.
Pero ni caciques ni gobiernos calcularon que la manipulación tiene el efecto búmeran. Tarde o temprano, los seres humanos se vuelven contra quien los trata indignamente. Caciques istmeños de Tehuantepec, Salina Cruz y especialmente Juchitán no imaginaron que la problemática que ellos propiciaron iba a alcanzarlos. Cosa que ya está sucediendo y que los mantiene muy preocupados.
Si se quiere lograr algún tipo de transformación en los pueblos y ciudades de nuestra región, debe minarse el poder de los cacicazgos políticos que tanto daño han causado.
No hay empleo, hay inseguridad, no hay paz social, vamos en camino a la militarización, y todo es consecuencia de la ambición desmedida de unos cuantos.
Pero ¿cómo podemos minar el poder caciquil? Yendo al origen de dicho poder: la manipulación de las personas más humildes, mediante supuestos trámites que eternizan a los corruptos.
Si se regularizan los predios en muchas colonias, previa indemnización adecuada a los dueños, se acabarán los personajes que obligan a sus ocupantes a marchar y movilizarse bajo condición de no dar trámite al papeleo respectivo. Si se liberaliza el transporte público, todo ciudadano que demuestre estar capacitado podrá tener una concesión y ya no será motivo de afiliarse a un grupo político que lo utilice a su antojo. Si el gobierno atiende de forma imparcial las necesidades urgentes de los grupos vulnerables, no existirá el caldo de cultivo que provoca el acarreo de personas.
Es difícil. Seguramente pocos asumirán esta responsabilidad. Pero si no se intenta, tal vez estemos perdiendo la última esperanza de evitar una confrontación de funestas consecuencias…