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| Palacio Municipal de Juchitán. Imagen tomada de Internet. |
Por Gubidxa Guerrero
Texto publicado en Enfoque Diario, el lunes 7/Ene/2013]
Juchitán es un hervidero de especulaciones. A un año del nuevo período de gobierno pululan los nombres de los presidenciables. Faltan siete meses para votar por el que dirigirá los destinos de una de las ciudades más importantes del Estado de Oaxaca.
Hay dos polos antagónicos que se enfrentarán en la contienda electoral: el Partido Revolucionario Institucional y la denominada COCEI (cinco letras tras la cual se escudan toda clase de políticos).
El PRI se mantuvo como grupo opositor por más de dos décadas, aunque logró ocupar la alcaldía con Héctor Matus (hace poco acusado de fraude) y actualmente con Daniel Gurrión Matías. Por mucho tiempo el PRI fue en Juchitán un partido de aparador, sin peso real en las decisiones del Ayuntamiento. Los grupos coceístas monopolizaron el poder anquilosados en un discurso seudoizquierdista con incongruencias evidentes. Sin embargo, era aquí donde se hacía política.
Tanto el PRI como las "corrientes" coceístas tuvieron un gran defecto: la renovación de sus cuadros. Al ver el presupuesto como propio, una de las principales preocupaciones se convirtió en conservar el poder a toda costa.
Basta ver los apellidos de muchos de los precandidatos para confirmar esta versión: son hijos, sobrinos o hermanos de quienes se han desempeñado como alcaldes. Son raros los aspirantes que no pertenecen a las viejas y nuevas familias del poder en Guidxiguié'.
Es verdad que justos no deben pagar por pecadores y que ser pariente directo de un político no exime de ejercer los propios derechos; pero es bastante revelador que cuatro de los seis precandidatos entren en esta categoría (ustedes saben de quienes hablo).
Muchos juchitecos y foráneos se preguntan por qué no hay un cambio. Mientras el sistema de partidos políticos prevalezca y sean éstos los que designen a los candidatos, los ciudadanos no tendremos más opción que elegir entre "el menos peor" o, de plano, abstenernos de ejercer nuestros derechos.
Por ello cobra especial importancia que la ciudadanía se haga consciente de su deber de cuestionar y exigir, en un marco de respeto, el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Sólo de la responsabilidad recíproca, entre las autoridades y el pueblo, construiremos una sociedad mejor.
