Gubidxa Guerrero
[Texto publicado en Enfoque Diario, el jueves 31/Ene/2013]
Nuestro sistema electoral es un tanto peculiar. Si bien los comicios son relativamente seguros, los distintos institutos políticos tienen vía libre para delinquir, es decir, para violar las normas en la materia.
Si un candidato derrocha dinero en su campaña proselitista, difícilmente obtendrá algún tipo de sanción. Para cuando las instancias correspondientes se enteren, el personaje habrá tomado posesión del cargo. Y ni modo de destituir, digamos, al titular del Ejecutivo.
Tal sucedió en la pasada contienda presidencial. El gasto oneroso del candidato del PRI-PVEM fue evidente. No sólo tuvo un equipo de producción de primera, que le elaboró spots costosísimos, sino que inició la campaña política con mucha antelación, apareciendo en revistas de espectáculos y en “notas periodísticas” más que pagadas.
Tan sólo en publicidad externa: vallas, carteles y bardas, los gastos del equipo de Enrique Peña Nieto, fueron cuantiosos. Por no mencionar Mónex, Sorianagate y las erogaciones de dudosa procedencia.
Sin temor a equivocarse, cualquier ciudadano podría afirmar que el ahora Presidente gastó más en campaña que Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador juntos. No hay duda de que el tiempo de exposición fue mucho mayor. Y no me estoy refiriendo a los tiempos oficiales que el IFE asignó a cada aspirante, sino a los contratos secretos por campañas bien definidas.
No obstante todo lo anterior, resulta que las cosas no fueron como se pensaba. Según la autoridad competente, el PRI no sólo no rebasó los topes de campaña, sino que no cometió ningún otro delito electoral, como mapachería. Los contratos que el tricolor firmó están escrupulosamente elaborados (aunque contengan cifras risibles para productos caros, como comerciales y demás).
El que sí se excedió fue el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. Según esto, El Peje sobrepasó por varias decenas de millones de pesos el tope de campaña.
Todo lo anterior mina profundamente la credibilidad del IFE; pues en lugar de que el PRI hubiera merecido ―aunque a destiempo― algún tiempo de sanción, se le encontró libre de toda irregularidad. Mejor hubiera sido que aplicaran el popular consejo: “o todos coludos o todos rabones”.
Aunque impune, sería mejor encontrar inocentes a todos (inclusive si la evidencia apunta al PRI), que achacar culpas al partido que impulsó al abanderado que viajaba en aviones comerciales y no en jets privados, como el mexiquense.
Cosas de la política. Pero cuidado: no sea que a Obrador le estén dando un nuevo pretexto para victimizarse, y que el tiro salga por la culata…