Por Gubidxa Guerrero
[Texto publicado en Enfoque Diario, el viernes 28/Dic/2012]
Ayer jueves, por la tarde, trascendió la noticia de que un par de diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pagó la cantidad de 141 mil 832 pesos, como fianza por los catorce detenidos por los desmanes del primero de diciembre que todavía se encontraban recluidos. Los legisladores que desembolsaron la nada despreciable cantidad son: Roberto López Suárez y José Luis Muñoz.
Como recordarán los amables lectores, durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, miles de manifestantes se concentraron a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro en el Distrito Federal, entre quienes iban decenas de jóvenes que cometieron toda clase de desmanes en la vía pública.
Entre los vándalos (no encuentro un mejor calificativo) venían infiltrados, sea del PRI o del Gobierno local o Federal. Sin embargo, no todos los que cometieron destrozos lo hicieron por pago de por medio. Hubo bastantes personas que procedieron de esa manera con plena consciencia y como parte de una táctica para desacreditar la toma de posesión del nuevo mandatario ante el mundo.
Por desgracia, quienes destruyeron ventanas y locales lograron, en su mayoría, darse a la fuga. Tardíamente comenzó una ola de detenciones contra manifestantes pacíficos que se encontraban en las inmediaciones. Fueron encarcelados estudiantes destacados, así como investigadores y amas de casa.
Varios elementos policíacos capitalinos declararon no tener una idea clara de cómo actuar ante la desbordante violencia. Algunos dijeron que, de hecho, se les dio la orden de detener indiscriminadamente para que sus superiores pudieran presentar “delincuentes” ante los medios de comunicación. Finalmente, para muchos se hizo evidente que la mayoría de los vándalos se dio a la fuga, y la mayor parte de quienes fueron capturados era inocente.
Durante los primeros días fueron puestos en libertad un gran número de los detenidos iniciales. Pero catorce seguían encarcelados, por una serie de diligencias que continuaban practicándose. Desde varios medios de izquierda, especialmente del diario La Jornada hubo una feroz embestida en contra de Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que moviera los hilos del poder y fueran liberados los inculpados.
Cabe destacar que al momento de los hechos, Mancera todavía no era mandatario capitalino. Él tomaría posesión cinco días después. Por tanto, formalmente no tuvo que ver, ni pudo dar ninguna orden para proceder contra los jóvenes. Pero contra él se ha dirigido la presión de distintos sectores sociales.
Al parecer el problema está saliendo del atolladero. Ya no habrá víctimas de la “represión” que sirvan como bandera para promover más movilizaciones. Pero queda una pregunta en el aire: ¿y los verdaderos culpables?
